Tras conocer una serie de irregularidades en esta modalidad de financiamiento de la educación superior, la parlamentaria Ximena Rincón, presentó una moción que establece expresamente que el préstamo sólo puede ser solicitado con el consentimiento de los estudiantes.
“Hemos conocido casos en que las universidades tramitaron el crédito sin autorización de los alumnos, quienes se enteran de la anomalía cuando comienzan a pagar y se encuentran con una deuda es mucho más alta de lo que debiera ser”, afirmó la parlamentaria.
Una moción para prohibir que las instituciones de educación superior tramiten sin el consentimiento del alumno o subrogar al mismo en los Créditos con Aval del Estado (CAE), presentó la Senadora por el Maule Sur, iniciativa que fue respaldada por sus colegas Soledad Alvear, Eduardo Frei, Patricio Walker y Fulvio Rossi.
La parlamentaria explicó a Maulee que la iniciativa se fundamenta en una serie de denuncias de alumnos de universidades públicas y privadas, quienes constataron que las casas de estudios superiores tramitaron sus respectivos Créditos con Aval del Estado más allá del tiempo que ellos tenían considerado, lo que les generar perjuicios económicos y financieros como endeudamiento, morosidad e ingreso a registros comerciales como Dicom, lo que les impide acceder a otros créditos.
La legisladora sostuvo que mientras no haya un mecanismo de financiamiento de la que responda a las demandas ciudadanas de educación de calidad y gratuita, al menos para los que no están en condiciones de pagar, es necesario que el CAE sea rigurosamente fiscalizado, porque es “la herramienta” con que cuenta la clase media para acceder a la universidad.
Agregó que el tema de los “créditos brujos” puede terminar por reventar financieramente a personas que han hecho grandes esfuerzos por estudiar, por lo que espera que su proyecto sea respaldado y rápidamente tramitado en el Congreso.
Según la parlamentaria, la situación que viven los estudiantes a los que se les otorgó el CAE sin su consentimiento, bien puede considerarse una estafa. “Estamos ante un eventual fraude por parte de algunas universidades públicas y privadas, que piden créditos a nombre de los alumnos sin su consentimiento, las cuales pasan a formar parte del total de la deuda, sin que el alumno ni su familia se hayan podido percatar de esta ilegalidad hasta el momento en que ya están egresados y empiezan a pagar dicho crédito”, concluyó.
