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Tombolini (PRSD): ‘Necesitamos multas millonarias, cárcel para los frescos y disolución de empresas’

Patricio Tombolini | Wikipedia (CC)
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El vicepresidente del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), Patricio Tombolini, pidió “crear regulaciones que no tan sólo impliquen millonarias multas y compensaciones, sino también que impliquen cárcel para los frescos que defraudan la fe pública y por último la disolución de la empresas culpables; países como Estados Unidos tienen leyes que protegen a los consumidores, que sancionan fuertemente la cartelización de las empresas y contienen regulación para los mercados monopólicos”.

Lo anterior, en torno en el marco de la serie de denuncias sobre acuerdos o abusos de grandes cadenas de empresas contra los consumidores.

“Entre los abusos en contra de los consumidores están el caso La Polar, las farmacias, además hoy se investiga a los productores de pollos y las cadenas principales de supermercados, donde observamos falta de competencia, tal como también ocurre con el pasajes de buses interprovinciales y en el costo de créditos de los bancos”, destacó Tombolini.

El dirigente radical agregó que “los consumidores también se encuentran indefensos por la información confusa como se les entrega la información a la hora de tomar su decisión de comprar, que vulnera los derechos de quienes necesitan un bien o servicio, tal como ocurre en el caso del costo de los minutos de los teléfonos celulares”.

Finalmente el vicepresidente del PRSD declaró que “los radicales creemos que ha llegado la hora de crear todos los mecanismos, instrumentos y herramientas que permitan que los mercados funcionen adecuadamente con las regulaciones correspondientes, los campeones de la libertad económica tiene un mercado cautivo y sin información, y sus representantes políticos se niegan a legislar a favor de los consumidores”.

Agregó que se busca, “de esta forma, tener mercados más transparentes y competitivos; basta recordar todas las limitaciones que se han generado cuando se tramitan las leyes y la limitada capacidad de sanción, es el Estado a través de sus instituciones, el único que pueden efectivamente regular el bien común por sobre el legitimo pero a veces engañoso interés privado”, finalizó.

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