Este jueves podrían quedar en detención preventiva 3 de los 5 ex ejecutivos de la Polar formalizados por graves delitos financieros en la última jornada.

Según la fiscalía, Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, obtuvieron cerca de 8 mil millones de pesos en bienes, gracias a sus acciones ilícitas. Los persecutores anunciaron nuevas formalizaciones contra ex ejecutivos de la multitienda involucrados en este escándalo.

Fueron 19 los abogados querellantes – representantes de pequeños accionistas y clientes de la multitienda – que desfilaron ante el tribunal y todos apoyaron la prisión preventiva para los ex ejecutivos.

Incluso, el representante de La Polar, Davor Harasic, al cerrar los alegatos pidió que los imputados fuesen detenidos prontamente.

Tras ello, los juristas defensores comenzaron a entregar sus alegatos y sus argumentos para no dejar en prisión a los acusados.

Tras finalizar la primera jornada de formalización, no muy contentos quedaron los fiscales José Morales y Luís Inostroza tras la decisión de la jueza María Verónica Orozco de posponer el proceso para hoy jueves.

Si bien lograron las medidas cautelares de arraigo metropolitano y detención domiciliaria nocturna para dos ex ejecutivos, Nicolas Ramírez y Santiago Grage, otros tres se fueron a sus casas.

Se trata del ex presidente de la Polar, Pablo Alcalde, la ex gerenta de administración, María Isabel Farah y el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno de Pablo.

Ellos sumaron, además de la formalización por infracción a la ley de mercados de Valores, de bancos y seguros, el delito de lavado de activos.

Según los fiscales, 3 imputados acumularon, gracias a sus engaños a los clientes, los accionistas y a la banca, cerca de ocho mil millones de pesos. Alcalde mil 780 millones de pesos; Moreno tres mil 265 millones; y Farah dos mil 882 millones de pesos.

Todo gracias a la idea de repactar sus deudas en siete millones 960 mil veces a cerca de un millón de clientes de la polar.

Tras conocer los cargos, este fue el diálogo entre la jueza Orozco y Alcalde primero y luego Farah.

Al conocer estos detalles, hubo algunos que repudiaron el actuar de estos ex ejecutivos, como el abogado de cientos de clientes, Tomás Fabres.

Por lo anterior, el Ministro de Economía, Pablo Longueira, pidió una sentencia ejemplificadora para los culpables de este escándalo financiero.

Fernando Alcalde, hermano del principal inculpado, insistió en su inocencia y reconoció que están afectados.

El fiscal Inostroza pronosticó que los culpables pueden recibir penas de hasta 13 años, no descartó aplicar la asociación ilícita y nuevos formalizados.

En la audiencia los fiscales demostraron que cuando estalla el escándalo, en septiembre del año pasado, Pablo Alcalde disuelve la sociedad conyugal con su esposa tras 30 años y se separa de bienes, con una escritura en la notaria Undurraga que habría elaborado el abogado Fernando Barros.

Además, comienza a mover las acciones que posee en innumerables sociedades gracias a la ayuda de la corredora Larraín-Vial.

El fiscal José Morales dijo que investigará a todos: