Los ministerios de Justicia e Interior informaron a la Corte de Apelaciones de Santiago que ninguna de las carteras tuvo injerencia en la decisión de expulsar del país al ex mirista Hugo Marchant Moya, quien el pasado 30 de noviembre intentó ingresar el país por el aeropuerto internacional de Santiago, a pesar de tener una pena de extrañamiento de 25 años.
Informes dan cuenta que ninguna de las reparticiones influyó en la decisión, sino que fue la Policía de Investigaciones, a través de Interpol, la que tomó la decisión, a pesar de la existencia de una resolución judicial del juez Joaquín Billard que suspendía la pena de extrañamiento durante 15 días por “razones humanitarias”.
“En modo alguno he tenido participación en los hechos que relata el recurrente, ni menos que este ministerio haya tenido intervención en los mismos u ordenado algún tipo de medida destinada a incumplir algún tipo de resolución judicial”, destaca el texto firmado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
En ese marco, en el informe de la Policía de Investigaciones se advierte que fue decisión de ellos ejecutar la expulsión. Para esto el jefe de Interpol en el aeropuerto, Alfredo Chiang, relató que en el registro de penas de Marchant aparece una de 20 años de extrañamiento, a la que se suma una segunda por otros cinco años de extrañamiento.
Estos informes fueron evacuados a la Corte de Apelaciones que este miércoles debía decidir sobre el recurso de amparo presentado por Marchant Moya, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Buenos Aires a la espera de la decisión de la justicia.
Marchant fue condenado por participar en una serie de hechos de carácter subversivo mientras fue miembro del MIR. En 1983 se le imputó y condenó por el crimen del ex intendente de Santiago Carol Urzúa.
