El Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, no descartó modificaciones a la ley de concesiones mineras, después que se resuelva el conflicto Codelco-Anglo American.

Los empresarios del rubro se encuentran divididos ante esta posibilidad, ya que algunos dicen que no hay argumentos para los cambios, y otros aseguran que podrían beneficiar a la pequeña minería.

Fue en el marco de un seminario organizado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que el Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, se refirió nuevamente al conflicto entre Codelco y Anglo American, aunque esta vez en el ámbito más legislativo y abriéndose a realizar modificaciones a la ley de concesiones.

Postura del secretario de Estado, que surgió luego que parlamentarios de la oposición plantearan una revisión profunda a la ley, para que el Estado pueda volver a administrar sus recursos naturales, ya que argumentan que los derechos que se otorgan hoy para explotar los yacimientos, prácticamente son verdaderos títulos de dominio del suelo y subsuelo de Chile.

En este contexto, el Ministro de Solinihac dijo que está dispuesto a hacer modificaciones, pero después que se resuelva en conflicto entre Codelco y Anglo American.

Agregó que hasta ahora ambas partes no se han sentado a conversar, para llegar a un acuerdo sobre las acciones de la minera Ex Disputada Las Condes.

Por su parte, el presidente Ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, señaló que hay que ser cuidadosos al momento de revisar la ley, agregando que no cree que la institucionalidad minera requiera cambios.

En esta línea, el vicepresidente de asuntos corporativo de Antofagasta Minerals, Francisco Veloso, dijo que se pueden hacer perfeccionamientos en cuanto a incentivos a la propiedad.

A su vez, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, aseguró que no existen los argumentos para realizar modificación a la ley de concesiones mineras.

Más allá de los cambios en la ley, también hay otras propuestas que surgen del bloque opositor, como elevar el impuesto a la minería o “royalty” que las empresas mineras pagan actualmente al Estado por hacer uso de sus concesiones.