El pasado martes un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, reveló que Chile es el segundo de sus países miembros en donde las personas más gastan en salud.
Según los datos de la OCDE, esto se debe principalmente al alto precio de los medicamentos, junto al bajo aporte estatal en el área de salud.
Comparativamente, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el gasto de una persona en éste ítem no supere el 15% del total, sin embargo en nuestro país ese porcentaje sube al 34%.
En la misma línea, la OMS asegura que el Estado debiera invertir un 6% del Producto Interno Bruto a salud, pero en Chile sólo se llega al 4,1%*.
Pero además, se indica que el Estado asume el 47,4%, las personas un 34% y los seguros médicos apenas un 19%, es decir, quienes menos aportan son las Isapres que paradojalmente registran millonarias ganancias por cerca de un 70%, que se traducen en $47.683.000.000 a favor en promedio.
Los números son claros, en Chile la salud es un lujo, tanto como comprar un Lamborghini del año.
Enfermarse trae como consecuencia un dilema no menor, elegir entre el sistema público y el privado. En el primero se auguran largas esperas y una atención discreta (por decirlo de cierta manera), mientras que en el segundo el trámite puede ser más ágil y la atención personalizada, pero los costos son mayores.
¿Quién regula lo que se cobra en la salud? ¿Quién regula los honorarios de los médicos? ¿Quién regula los precios de los medicamentos? ¿Quién en definitiva es el responsable de defender a los ciudadanos ante el lucro despiadado?
Al parecer es una responsabilidad compartida entre el Minsal y la Superintendencia de Salud, aunque claro está, es una injusticia sólo achacar las culpas al gobierno de turno.
El primer paso ya lo dio el Gobierno al eliminar el 7% a los jubilados, pero queda aún mucho por hacer. El Plan Auge es una buena medida, pero sólo como parche, pues finalmente el Estado es el que asume costos que deberían absorber las Isapres.
¿Será capaz el Congreso algún día dictar alguna ley que favorezca a los ciudadanos en salud? Podría, aunque surge otro problema no menor. Muchos de los parlamentarios tienen acciones en empresas relacionadas, como Isapres, farmacias, centros médicos, etc.
Estamos ante un nuevo síntoma que la OCDE ya diagnosticó en abril de este año, cuando publicó un informe en el que se señala a Chile como el país con la mayor desigualdad de ingresos de este selecto grupo de naciones **.
* Base de datos de la OCDE sobre la salud 2011
** EL DATO OCDE
