Una ley para controlar todos los precios de bienes y servicios entró en vigor el martes en Venezuela para contener la inflación, pero quienes la rechazan como otro golpe del presidente Hugo Chávez contra la economía de mercado advierten que agravará el desabastecimiento.

La nueva legislación se aplicará de forma paulatina, empezando por el control de cinco sectores básicos: alimentos, higiene personal y del hogar, repuestos de vehículos, medicamentos y servicios de salud.

Para Chávez, la ley, que refuerza una normativa de 2003 que rige los precios de los productos básicos, es “vital” para “evitar la especulación”, “darle a los productos el precio justo” y combatir la inflación, que en lo que va de año acumula 22,7%, la tasa más alta de América Latina.

Para el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Botti, se trata de “un paso bastante notorio a una economía centralizada y planificada”.

“La estabilidad de los precios no se logra con controles, sino con políticas económicas acertadas”, agregó Botti e indicó que estudia acciones judiciales contra la normativa.

El gobierno sostiene que la aplicación de la normativa empezará a surtir efectos positivos en el primer semestre de 2012, año de elecciones presidenciales, en las que Chávez, en el poder desde 1999, aspira a obtener un tercer mandato.

La recién creada Superintendencia de Precios y Costos revisará a partir de este martes los costos de bienes y servicios, obligando a rebajar los precios que consideren “excesivos”, si bien no determinó por ahora qué márgenes de ganancias serán considerados abusivos.

A las empresas infractoras, el ente podrá multarlas o cerrarlas por hasta diez años.

La normativa prevé además dotar a los consejos comunales, agrupaciones vecinales cuya formación promovió Chávez, de un poder de supervisión.

Se “irá transfiriendo la capacidad de fiscalización a los consejos comunales”, de manera que a la larga el pueblo sea el “protagonista” del control a las empresas, explicó la presidenta de la Superintendencia de Costos y Precios, Karlin Granadillo.

Empresarios y economistas consideran que la ley supondrá un nuevo revés para la inversión y la productividad, en un país donde el sector privado se ha visto afectado por las expropiaciones y controles del gobierno de Hugo Chávez, como parte de su proyecto socialista.

Venezuela importa la mayoría de bienes que consume y es corriente el desabastecimiento cíclico de productos básicos.

Según datos de la firma Datanálisis, la escasez de alimentos regulados en Caracas alcanzó este mes su punto máximo desde marzo de 2008, al llegar al 22%.

“Lo que diga el gobierno lo creo, porque soy chavista. Sé que con el tiempo esta ley va a dar resultados y que estas empresas van a vender más barato”, afirmó a la AFP Lorenza, enfermera, mientras hacía cola en un supermercado del este de Caracas que acababa de ser reabastecido de aceite.

“Esto es más regulación sobre regulación y lo que hay es una inflación por las nubes y falta de productos. Mire, ahora mismo la gente hace cola para comprar aceite y azúcar, esto no va a mejorar”, dijo por su parte Evangelina Guerra, jubilada, en la misma cola.

Granadillo, ex viceministra de Planificación de Ciencia y Tecnología, repudió las críticas.

“Nunca los precios estarán por debajo de los costos. Si los empresarios llegaran a poner esta excusa sería con una intención política (…) Nosotros garantizamos que cubrirán sus costos y el margen de ganancias para sostener sus empresas”, prometió.

Pero el reglamento de la Superintendencia establece que para determinar los precios sólo se tendrán en cuenta los costos y gastos directos, lo que supone el “problema más grave” de la nueva ley, según el ex presidente de la organización empresarial Consecomercio Fernando Morgado.

“Prácticamente todas las empresas privadas han tenido que invertir en vigilancia privada y rejas para protegerse (…) Ese tipo de costo no tendrá autorización para ser transferido al precio final, así como tampoco los de los estacionamientos, ni el uso de aires acondicionados”, dijo Morgado a la prensa local, a modo de ejemplo.

La legislación fue aprobada en julio por Chávez, en el marco de los poderes legislativos excepcionales de los que dispone desde finales de 2010.