El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, criticó el martes el papel fiscalizador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y dijo que existe una propuesta brasileña para reformar el sistema regional de vigilancia en derechos humanos.
“A veces hay una cierta tergiversación de algunos organismos internacionales, particularmente de la Comisión Interamericana (CIDH), que pareciera ser que se hubiera dedicado de algún tiempo para acá en convertirse como el fiscalizador” de derechos humanos, dijo Patiño, tras una reunión con su homólogo brasileño, Antonio Patriota, en Manaos, en el norte de Brasil.
El ministro de Ecuador afirmó que trató el tema en la reunión bilateral y anticipó que existe una iniciativa brasileña para introducir cambios en el sistema interamericano de derechos humanos, aunque no ofreció detalles.
“Hay cambios que habrían que hacerse en el interior de la OEA (Organización de Estados Americanos). Hay una propuesta, una iniciativa brasileña que nos parece muy acertada en lo que actualmente tenemos”, dijo Patiño a periodistas, en presencia de Patriota.
Según fuentes brasileñas consultadas por la AFP en Manaos, la propuesta “aún es muy vaga” y lo que busca Brasil “es propiciar una discusión sobre el papel que debería tener la CIDH después de que la región superó la época de las dictaduras”.
El jefe de la diplomacia ecuatoriana agregó que “también existe la posibilidad de establecer, desde fuera de la OEA, una institucionalidad nueva con una lógica distinta” de la CIDH, en torno al asunto de las garantías ciudadanas básicas.
Patiño y Patriota conversaron al margen de la reunión de cancilleres amazónicos que se celebró este martes en Manaos, en el corazón de la selva brasileña, que tiene el calentamiento global como temática.
El gobierno ecuatoriano endureció en las últimos días sus comentarios contra la CIDH, a raíz de un pedido de este organismo para obtener información sobre el fallo que condenó por injuria a tres directivos y un ex editor de opinión del diario El Universo.
Los implicados fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares, en un juicio interpuesto por el presidente Rafael Correa.
El 25 de octubre, un observatorio de medios y varios periodistas denunciaron ante la CIDH en Washington el acoso del gobierno contra la prensa.
