El gobierno ecuatoriano y la oposición se trenzaron el jueves en una disputa legal luego de que ésta rechazara un proyecto de reforma tributaria en el Congreso mediante un votación que el oficialismo tildó de ilegal.

El legislador Gilmar Gutiérrez planteó una moción para archivar la iniciativa del presidente socialista Rafael Correa, que fue aprobada con 53 votos a favor y 47 en contra, de un total de 124 diputados.

Con la reforma, el gobierno busca recaudar unos 450 millones de dólares al año mediante un aumento de los impuestos a la salida de capitales (de 2% a 5%), los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y la circulación de vehículos.

“Acabamos de aprobar la resolución negando el paquetazo tributario (…), rechazamos la ley del gobierno”, escribió el congresista opositor César Montúfar en su cuenta de Twitter.

Pero diputados del movimiento Alianza País (en el gobierno) restaron validez a la votación, argumentando que el pleno no se podía pronunciar mientras la comisión económica de la Asamblea legislativa no emitiera un informe para el primero de los dos debates reglamentarios.

Además, “las leyes se niegan o aprueban con 63 votos (mayoría absoluta) por lo que lo resuelto es nulo. Es una tamaña ilegalidad, inconstitucionalidad e ignorancia”, dijo por su parte la oficialista María Ángel Muñoz.

Alianza País tiene el principal bloque en el Congreso, pero depende de pactos con independientes para hacer mayoría, lo que quedó en evidencia en agosto pasado con la elección de las autoridades del Legislativo mediante estrechas votaciones.

Aun así, el oficialismo logró mantener la presidencia y las dos vicepresidencias, en medio de advertencias de Correa sobre un anticipo de elecciones si la oposición tomaba el control de la Asamblea y bloqueaba su plan de gobierno.

Con las mesas directivas bajo control, el mandatario aseguró entonces que Alianza País había logrado rearmar su mayoría.

La reforma tributaria fue presentada por el Ejecutivo el 24 de octubre pasado con el carácter de urgente, por lo que el Parlamento tenía un plazo de 30 días para aprobarla, modificarla o rechazarla.

En caso de que el Congreso no se pronuncie en ningún sentido, el gobierno puede promulgar el proyecto como decreto-ley, según la Constitución.

Es la primera vez que la Asamblea rechaza una reforma tributaria presentada por Correa, en el poder desde 2007.