Pese a los compromisos de las actuales autoridades de Gobierno, las familias pehuenches que sostuvieron una férrea oposición al proyecto de la central Ralco, en Alto Bío-Bío, aseguraron que el Estado aún no respeta los acuerdos.
Aunque hace ocho años se firmó un acuerdo amistoso que puso fin a la larga controversia entre los detractores y la eléctrica Endesa, dueña del proyecto, los indígenas aseguran que aún hay aspectos no cumplidos, principalmente en la entrega de beneficios.
Recordemos que dicho acuerdo fue consecuencia de la denuncia presentada por los pehuenches ante la Comisión Interamericana de los derechos Humanos de la OEA, que obligó al Estado chileno a solucionar el problema causado por el megaproyecto energético.
Eduardo Cáceres Quintremán, vocero de las familias afectadas, dijo que por las tardanzas están analizando recurrir nuevamente a las instancias internacionales para cumplir los acuerdos.
Dichos incumplimientos apuntan a la entrega de predios sin agua, además de la falta de soluciones en materia de electrificación y mejoramiento de caminos.
El dirigente sostuvo que aunque han tenido reuniones de acercamiento con las autoridades de Gobierno, sus resultados han sido infructuosos, apuntando también sus dardos a Endesa como la instancia que también debía cumplir los compromisos.
