El parlamentario gremialista valoró la aprobación del proyecto en primer trámite, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que fija normas de excepción para el pago de subvenciones a los recintos educacionales que han visto paralizadas sus actividades producto de las movilizaciones estudiantiles.

“Independientemente de las motivaciones y trasfondo del movimiento estudiantil, estamos todos conscientes de que las paralizaciones han arrojado consecuencias muy negativas, como lo es el daño académico ocasionado a los alumnos que no han podido asistir a clases y el tremendo daño a los ingresos financieros de los establecimientos educacionales, ya que la subvención se paga por asistencia, por ende, si no hay asistencia no hay subvención. Se trata de un daño a todas luces gravísimo y que hoy buscamos reparar”.

Bajo este argumento, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, valoró la aprobación del proyecto de ley que establece normas de excepción para el pago de subvenciones a establecimientos educacionales y que busca subsanar la pérdida de ingresos que han sufrido los recintos en los últimos meses.

El proyecto responde a una inquietud planteada por la Asociación Chilena de Municipalidades y posibilita que los establecimientos que se han visto afectados por las paralizaciones puedan seguir funcionando y mantenga sus ingresos.

“Creo que este proyecto viene a resolver un problema no menor, ya que es un tremendo daño el que se ha cometido contra la educación, sostenedores, colegios y alumnos; sin embargo, nuestro Gobierno ha tomado cartas en el asunto para reparar las graves consecuencias de las movilizaciones”, acotó Bobadilla.

En concreto, el proyecto permite que entre los meses de septiembre a diciembre, que se han determinado como los más críticos, se pague a los sostenedores el mayor valor de la asistencia efectiva en dichos meses, o el promedio de asistencia que hubieran registrado los establecimientos entre marzo y mayo de 2011, periodo en el cual no se habían iniciado los paros ni las tomas de colegios.

Asimismo, se faculta al Ministerio de Educación para reliquidar la subvención fiscal mensual que corresponda, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

El texto legal también señala que todos los establecimientos que se acojan al sistema de cálculo deberán cumplir con la obligación de determinar la situación final de promoción de sus alumnos al término del año escolar; caso contrario, se les reliquidarán las subvenciones pagadas.

“Se trata de una iniciativa que involucra un costo superior a los 41 mil millones de pesos, sólo para regularizar el año 2011, y otros 20 mil para costear enero y febrero de 2012, pero que demuestra la clara y profunda preocupación del Gobierno con la educación nacional, y que se traduce en esta fórmula acertada y flexible para brindar una solución a todos esos colegios y liceos que se han visto afectado por la inasistencia a clases a raíz de las paralizaciones”, concluyó Sergio Bobadilla.