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Iglesia critica propuesta de sancionar con cárcel a religiosos que hagan política en Ecuador

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La Iglesia católica criticó el lunes una propuesta del gobierno ecuatoriano de sancionar con cárcel y multas a los religiosos que hagan activismo político.

“Significa una discriminación por motivos religiosos porque el ministro sería sancionado por ejercer un derecho cívico común”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Antonio Arregui, sobre un artículo incluido en un proyecto de reforma al código penal.

En un capítulo sobre “infracciones levísimas”, el parágrafo señala que serán sancionados “los ministros de un culto que, en los templos o lugares religiosos, calles o plazas, prediquen en contra o en favor de un partido o movimiento político determinado”.

El castigo incluye una multa de dos salarios básicos (actualmente de 264 dólares cada uno) y una “pena privativa de libertad de cinco a treinta días”.

Para Arregui, con esa norma el pastor pierde “una parte de su patrimonio cívico sin ninguna justificación diferente que la de ser un ministro religioso”.

“Es una ruptura de la igualdad ante la ley, aunque no sea en dimensiones gravísimas o sumamente agresivas”, añadió al canal Ecuavisa.

El pasado 22 de octubre, el presidente Rafael Correa, quien se considera un católico de izquierda, justificó la enmienda afirmando que “es terrible que en sermones religiosos se haga proselitismo político”.

Correa recordó que el “modus vivendi” (el tratado que regula las relaciones de Ecuador con el Vaticano) establece que la Iglesia “no puede mezclarse con política”.

“Ahora sí vamos a hacer cada quien lo que le corresponde”, aseveró el mandatario, al apuntar que “hay obispos a los que solo falta darles la credencial del Partido Social Cristiano (PSC, derecha)”.

La norma citada por el gobernante establece que “la Santa Sede renueva sus órdenes precisas al clero ecuatoriano, a fin de que se mantenga fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas”.

Arregui indicó que esta es una directriz “interna” de la Iglesia, que prevé sanciones disciplinarias, y “no podría ser una norma del Estado”.

“La legislación del Estado debería respetar al ministro o al fiel de cualquier congregación religiosa en todo el amplio espectro de sus derechos civiles”, sostuvo el jerarca, quien se mostró a favor de la “autolimitación” de los líderes espirituales.

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