Unos 600 indígenas y ambientalistas que ocuparon las obras de la gigantesca represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonía brasileña, abandonaron la construcción tras un fallo judicial que ordenó la desocupación, dijo a la AFP un portavoz de los manifestantes.
“Salimos pacíficamente, tal como entramos. Fue un acto pacífico para atraer la atención sobre este proyecto de muerte para la Amazonía”, declaró a la AFP Eden Magalhaes, portavoz del Consejo Indígena Misionario (Cimi), un organismo ligado a la Iglesia católica.
Los manifestantes habían ocupado las polémicas obras en la madrugada del jueves y bloqueado un tramo de la carretera amazónica, en protesta por el impacto ecológico que provocará la construcción de la represa.
A pedido de la empresa Norte Energia, integrante del consorcio que construye la represa, la justicia del estado amazónico de Pará (norte) ordenó la expulsión de los manifestantes.
“Un juez llegó con la tropa de choque. Tras una asamblea, decidimos partir, pero fortalecimos nuestra unión y nuestra resistencia a la represa”, subrayó Magalhaes.
Indígenas, pescadores del río Xingú y ambientalistas buscan que el gobierno paralice inmediatamente las obras, y argumentan que las comunidades que serán afectadas por la represa nunca fueron consultadas.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país) y un costo de 11.000 millones de dólares, la represa de Belo Monte está destinada a ser la tercera mayor del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay.
