Una discusión que llegó hasta las bases de la institucionalidad democrática se gestó en las críticas desde el Gobierno al rol del poder judicial frente a la violencia social.

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, deslizó cuestionamientos a los jueces de garantía por la libertad de detenidos durante manifestaciones, aclarando eso sí, que como gobierno no tienen “listas negras” de jueces según sus resoluciones en la materia.

La polémica creció con las declaraciones del diputado Hasbún (UDI), quien planteó un proyecto para acusar constitucionalmente a jueces de acuerdo a sus actuaciones. Sin embargo, el propio Presidente Piñera salió a despejar la postura oficialista.

Todo ello nos lleva a la muletilla “hay que dejar que las instituciones funcionen”, sin embargo, es necesario revisar cómo funcionan las instituciones y con qué legitimidad, por ejemplo instituciones que dicen ser representantes del pueblo, como el Congreso Nacional.

El comentario es de Nibaldo Mosciatti: