Dirigente rechazó enérgicamente los calificativos “ser cómplices de querer quebrar la institucionalidad”. Alegó profundo desconocimiento del sistema.
Su más amplio y enérgico rechazo a los comentarios hechos este domingo por el diputado UDI Gutavo Hasbún hizo el Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos. El parlamentario horas antes acusó a los jueces de garantía de actuar con “desidia y falta de objetividad”, además de ser “cómplices ser cómplices de querer quebrar la institucionalidad”, al tiempo que anunció el envío de un proyecto de ley que permita a acusar constitucionalmente a los jueces por sus actuaciones.
El dirigente, además de molesto por el tenor de las declaraciones del parlamentario, dijo que “las imputaciones de Hasbún, aún cuando no me sorprenden –nos ha tratado antes de descriteriados- reflejan un profundo desconocimiento de cómo opera el sistema procesal penal vigente al pretender hacer creer a la ciudadanía que los jueces actúan discrecionalmente a la hora de decretar una medida de prisión preventiva”.
“Ignoro qué destino podría tener un proyecto de ley como el anunciado, puesto que los jueces son absolutamente responsables en el ejercicio de su ministerio según lo establecen la Constitución y las leyes. Si bien no están exento de cometer errores, el ordenamiento contempla la posibilidad de que una decisión sea enmendada por la vía de los recursos idóneos, pero siempre en sede jurisdiccional y no extra proceso, a través de los medios de comunicación o con la intervención de agentes de otro Poder del Estado. Eso es inaceptable”, dijo Llanos.
“Esta es una suerte de ataque cruzado hacia la independencia de los Jueces, donde por una parte, el Ejecutivo postula a una suerte de veto en el nombramiento de quienes no adscriben al criterio que éste estima correcto, y por otra, parlamentarios promueven modificaciones legales tendientes a poner una verdadera camisa de fuerza al Juez al momento de resolver, algo inédito en nuestra vida republicana y ciertamente relacionado con trágicas épocas de nuestra historia”, señaló el magistrado.
Finalmente, el magistrado recordó al parlamentario que el actual sistema procesal penal se basa entre otros principios, en la presunción de inocencia recordando que “el mensaje del texto despachado por el Ejecutivo de la época y aprobado por el Congreso de entonces refiere a un sistema de medidas cautelares en el que la prisión tiene un carácter absolutamente excepcional; y el rol de investigar hechos constitutivos de delito no es de los Jueces, sino de otros órganos”.
