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Corte Suprema acoge recurso de protección de menor expulsado de colegio por participar de toma

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La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por los padres de un alumno expulsado de un colegio técnico por participar en una toma del establecimiento educacional.

En el fallo los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Héctor Carreño, Sonia Araneda, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia, ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel que había acogido la acción constitucional contra el Colegio Eyzaguirre.

La sentencia de los ministros Inés Martínez, Roberto Contreras y Sylvia Pizarro había determinado el actuar arbitrario de la dirección del establecimiento, al cancelar la matrícula del menor, estudiante de cuarto medio de la especialidad de electrónica por supuestamente participar en la sustracción de diversas especies durante una toma.

“Cabe considerar que el hecho en el cual el recurrido basa su resolución tuvo lugar con motivo de una toma del establecimiento educacional que ocurrió entre el 15 y 20 de junio del presente año, período en el cual un número indeterminado de alumnos ocupó el colegio. Pero del informe de la recurrida se desprende que este acto de ocupación no fue resistido por la Dirección del Colegio sino, por el contrario, aceptado; a fojas 51 se dice: ‘…en las tomas del 15 de junio pasado participaron decenas de alumnos y alumnas y no sólo no fueron perseguidos por ese hecho, sino que fueron cuidados y protegidos por turnos dispuestos por el Colegio durante las noches’ (…) no es posible sostener que la circunstancia de haber tomado un juego de llaves, en una ocupación aceptada por la Dirección de establecimiento, que, además, señaló que cuidaba y protegía a los alumnos, revista los caracteres de gravedad tales que ameriten la expulsión del alumno, atentos al reglamento de disciplina de alumnos y alumnas o Normas de Convivencia Interna”, dice la resolución.

Y agrega que la sanción aplicada por el establecimiento no se ajusta a un proceso tramitado bajo las normas de un debido proceso y vulnera la igualdad ante la ley.

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