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Activistas piden a gobierno de EEUU que no deporte a inmigrantes de Alabama

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Organizaciones y activistas de derechos humanos pidieron al gobierno estadounidense este jueves que no deporte a los indocumentados que sean detenidos en Alabama, el estado que recientemente promulgó una dura ley contra la inmigración ilegal.

“A nuestro entender el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no ha alterado en absoluto sus operaciones en Alabama desde que la ley entró en vigor”, explicó en una rueda de prensa en el Congreso de Estados Unidos Joanne Linn, consejera legal de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Eso significa que el DHS está actualmente procesando a gente para ser deportada que ha sido arrestada o escogida de acuerdo a la misma ley que el Departamento de Justicia caracteriza como inconstitucional”, añadió Linn.

Alabama promulgó el 28 de septiembre la ley denominada HB 56, según la cual la policía debe detener a cualquier sospechoso de ser indocumentado y este colectivo no tiene además derecho a servicios básicos como agua o escuela.

La ley fue apelada por el Departamento de Justicia y organizaciones civiles, que, tras un fracaso inicial ante una jueza local, obtuvieron luego un fallo parcial favorable gracias a una corte federal de apelaciones.

Entre las partes que temporalmente no podrán aplicarse destaca el artículo 28, que permite a las escuelas públicas verificar el estatuto migratorio de sus estudiantes.

El gobierno estadounidense está deportando números récord de indocumentados desde la llegada al poder del presidente Barak Obama.

En el último año fiscal, que terminó en septiembre pasado, el gobierno deportó a casi 397.000 inmigrantes ilegales.

Parte de ese esfuerzo para expulsar a los indocumentados del país cuenta con la colaboración de las policías estatales o locales, a través de un programa conocido como “Comunidades Seguras”.

“La policía de Alabama dejó de ser un socio fiable para el DHS”, dijo Linn.

“Obviamente hay inmigrantes (que son) detenidos con antecedentes criminales previas”, añadió Mary Bauer, abogada del Centro sobre Pobreza en el Sur.

“Pero lo que estamos diciendo es que no deberíamos permitir la destrucción de familias (…) de acuerdo a una ley que el propio gobierno federal ha reconocido que cree que es inconstitucional”, añadió.

La ley provocó un éxodo de “miles de personas”, según esta letrada, que trabaja en Alabama.

Unos 130.000 indocumentados vivían en ese estado cuando fue promulgada la ley, según estimaciones del Centro Pew Hispanic.

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