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Municipalidad de San Joaquín instruye investigación sumaria por matanza ilegal de perros

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Con una escueta declaración pública, el Municipio de San Joaquín anunció el inicio de una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas de acciones presuntamente cometidas por funcionarios municipales, quienes en forma sistemática estarían eliminando perros de acuerdo a lo denunciado este lunes por el noticiero central de Mega.

La declaración indica que a través de la Dirección de Medioambiente e Higiene se mantiene un convenio con la Universidad Iberoamericana, para administrar la clínica veterinaria municipal en la que se atiende a “precios accesibles” a lo vecinos, realizando en promedio mil atenciones al mes en las que se incluye las esterilizaciones de perros y gatos.

Agrega que el Departamento de Higiene y Zoonosis “cuenta con un equipo liderado por un profesional médico veterinario, a cargo de los programas de zoonosis, incluyendo el control de plagas y enfermedades de la población animal, y la atención de denuncias de vecinos por situaciones de riesgo ocasionadas por animales, que afectan la seguridad y la salud de las personas”.

El documento incluye además un llamado a las autoridades “a legislar prontamente sobre la tenencia responsable de mascotas y asignar los recursos necesarios para desarrollar programas de esterilización y el establecimiento de caniles, lo que permitirá resolver de manera adecuada y digna este problema, del que la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo”.

Como insuficiente calificó la Directora Ejecutiva de la Fundación CEFU, Alejandra Cassino, el comunicado emitido por el municipio. “No basta con hacer un sumario interno. Aquí hay por lo menos tres delitos que se cometen y que deben ser denunciados ante la Fiscalía para ser investigados. Estos son Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico Veterinario, Maltrato Animal y dispersión en el medioambiente de sustancias que ponen en riesgo la salud de las personas. Por lo mismo, un sumario interno no basta”.

Manifestó además su preocupación por la forma en que -a su juicio- el municipio desvía la atención del ilícito hacia la falta de recursos para solucionar los problemas que, cree, ocasionan los perros.

“De acuerdo a lo expresado por el municipio el problema, que por cierto no describe con claridad, se solucionaría con una ley que asigne fondos para esterilizar y construir caniles. Con la castración se controla la reproducción. Con los caniles se aumenta el abandono y se subvenciona la irresponsabilidad de las personas. Además, el gasto que estos generan es tal que podrían consumir fácilmente la mitad del presupuesto municipal”, manifestó.

Del mismo modo advirtió que “la seguridad de las personas no debiera estar a cargo de un médico veterinario. Si ésta es puesta en riesgo supuestamente por el actuar de un animal, el Código Penal establece claramente la forma en que se debe actuar”.

Cassino agregó que CEFU elabora una presentación a Contraloría para que esta se pronuncie sobre la ilegalidad del acto. “Esto complementa las acciones que entiendo ya realizan ante el Ministerio Público otras agrupaciones como Proanimal y, por supuesto, esperamos que sirvan para apoyar la investigación iniciada por el municipio”, dijo.

Proanimal convocó a una funa contra el municipio este jueves 20 de octubre, a las 10.30 horas.

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