Una investigación de largo aliento encabezada por la Fiscalía, permitió que con el apoyo de peritos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Linares, se pudieran establecer diversos delitos en contra de un grupo de personas que concertadamente defraudaron al colegio La Providencia de Parral e instituciones bancarias de dicha comuna.

De esta forma Juan Valenzuela Miranda que por años ejerció como subdirector del establecimiento siendo además asesor jurídico en su calidad profesional de técnico jurídico, fue formalizado por cuatro ilícitos en donde se estima defraudó al colegio en sumas cercanas a los ochenta millones de pesos, a los cuales se suman otros veinte millones recibidos de instituciones bancarias.

El equipo de Causas de Alta Prioridad de la Fiscalía Regional junto al Fiscal Jefe de Parral Nelson Riquelme expuso los antecedentes al Tribunal logrando la prisión preventiva de Valenzuela.

“Se formalizó por cuatro delitos contra quien se solicitó la prisión preventiva y ellos son: obtención fraudulenta de créditos en distintas instituciones financieras, entre ellas tres bancos, además del delito de apropiación indebida de fondos del colegio La Providencia de Parral. El delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil al usar cheques que utilizaba de manera maliciosa el imputado al pretender justificar sueldos de trabajadores del colegio para posteriormente ser cobrados en ventanilla del banco y luego el dinero depositado en su propia cuenta corriente. A lo anterior se suma el delito de apropiación indebida en el sentido de no pagar los créditos solicitados por el colegio quedándose el imputado con el monto de ellos”, afirmó el Fiscal Riquelme.

Pero la exhaustiva investigación dio cuenta que no sólo operó en todo esto Valenzuela Miranda sino también otros sujetos como su hermano José formalizó por el delito de uso de cheques falsificados. También Ramón Ortega Sánchez quien aprovechándose de su condición de encargado de remuneraciones del colegio sustrajo poco más de tres millones de pesos, hecho que motivó la formalización de cargos en su contra por el delito de hurto agravado. Y José Luis Ortega Miranda, formalizado por apropiación indebida al preparar documentación contable falsa lo que le permitió percibir nueve millones de pesos encubiertos en el pago de supuestas prestaciones de servicios.

En síntesis se estima que el total de dinero defraudado son cerca de $100 millones gran parte de ello es dinero que el estado entrega a la subvención de los colegios, rindiéndose cuentas falsas al Ministerio de Educación para asegurar el pago por parte de este de la subvención correspondiente a la Ley 20.248 conocida como Subvención Escolar Preferente.

En estos ilícitos también habría tenido una participación directa la religiosa del propio colegio Ana Alicia Aguilera Norambuena quien no pudo ser formalizada al presentar su defensa un certificado médico por estar hospitalizada en la ciudad de San Felipe. La Fiscalía solicitó al Tribunal se pidan informes al centro hospitalario con el fin de conocer el real estado de salud de la religiosa.

A ella se suma la secretaria Claudia Aravena quien no fue notificada de la audiencia de formalización de cargos. Para ambas personas el Tribunal fijó audiencia de formalización el próximo 23 de noviembre. Finalmente el Juez de Garantía fijó como plazo de la investigación cuatro meses.