El Consejo de Defensa del Estado declinó, por ahora, intervenir en la construcción del Mall Plaza Barón, tras solicitud de la Coordinadora de Ciudades Puerto y la Asamblea Ciudadana.

En tanto, las organizaciones anunciaron prontas acciones legales para evitar la concreción del proyecto.

Es que tanto la Coordinadora de Ciudades Puerto como la Asamblea Ciudadana están Empecinadas en frenar la construcción del megaproyecto en el sector de Barón en Valparaíso.

Una querella por fraude al fisco, un recurso de nulidad por supuestas irregularidades en el contrato de concesión entre la EPV y Mall Plaza, y una solicitud de investigación de Contraloría Regional son parte de las acciones con las que deberían cumplir antes de pedir la intervención de la Procuraduría.

Tras una reunión sostenida en el Consejo de Defensa del Estado, los abogados participantes aducieron que el contrato de privados con la empresa portuaria adolece de irregularidades, ya que desde que se celebró el acuerdo, en 2006, constantemente han cambiado las condiciones del convenio, ajustándose a sólo un oferente en perjuicio del resto.

Ésto, explicaría el retraso del proyecto, según indicó Edgardo Reinoso, uno de los abogados involucrados.

Otro de los puntos de inflexión que hacen las partes, es la existencia de una subvención por más de 21 millones de dólares que tendría que pagar EPV, es decir, el Estado a la firma privada por 40 años, para la mantención de los espacios donde se emplazaría el futuro centro comercial.

Así lo explicó Mario Zumelzu, otro de los defensores, quien con sus palabras calificó el caso como “un lindo negocio”.

El letrado también hizo hincapié en la existencia de otra supuesto vicio, que sería la opción de compra que tendría el adjudicatario, a quien se le ofrecería un paño de terreno de tres hectáreas a 2,5 Unidades de Fomento, el metro cuadrado, cerca de 44 mil pesos, para futuros proyectos habitacionales, en circunstancias que ese terreno no vale menos de 40 o 50 UF el metro cuadrado, según indicó.

En este caso, EPV estaría entrando en un negocio inmobiliario que se escapa a la labor portuaria que debería ejercer, de acuerdo a lo señalado por Zumelzu.

El abogado acusó que el Fisco estaría perdiendo entre 80 y 100 millones de dólares por este proyecto.