El 3 de junio pasado la Universidad de Los Lagos fue tomada por sus estudiantes quienes exigían un cambio en el sistema de financiamiento de la educación pública, un movimiento estudiantil que luego de un tiempo declinó la toma, pero continuó con una movilización que hasta hoy impide la realización de las clases en la entidad educativa.

Una situación que ha generado consecuencias en las arcas de la universidad, la cual enfrenta un difícil momento financiero, producto de la alta tasa de morosidad que comenzaron a enfrentar hace cuatro meses, la cual alcanza a más del 80% de las mensualidades.

A la fecha el impacto negativo redunda en una reducción en la recaudación que alcanza los 850 millones de pesos, lo cual implica dos tercios del total de los recursos que pretendía recibir la universidad. Así lo declaró la vicerrectora de finanzas de la Universidad de Los Lagos, Paula Bedecarratz.

Esta situación ha puesto en jaque al equipo directivo que en este momento está analizando cómo cerrar el año académico, ya que las movilizaciones impiden estimar cuándo terminará el segundo semestre académico 2011.

Los efectos del paro estudiantil han perjudicado tanto las finanzas de la universidad como la de los alumnos es por ello que muchos estudiantes están buscando ser compensados y para ello han interpuesto sus reclamos en el SERNAC. Es así como el director regional del Servicio, Sebastián Fernández, afirmó que ya han recibido 33 reclamos de parte de estudiantes universitarios de la región.

Entre los principales reclamos contra la Universidad de Los Lagos se encuentra “el derecho a reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor”. Es decir, exigen que se reembolse el dinero pagado en los meses en que no han tenido clases. Aunque en la Universidad aseguran que el Sernac no les ha hecho llegar ningún reclamo.

Recordemos que los estudiantes realizan un acuerdo contractual con la universidad una vez que firman el crédito universitario, mientras que la entidad se compromete a otorgar el servicio de educar. Por lo tanto cabe preguntarse si corresponde que los estudiantes exijan una restitución pecuniaria correspondiente a los meses en los cuales no han recibido educación como se acordó en el contrato efectuado a principio de este año.

Y al mismo tiempo ¿quién pagará los costos por las pérdidas económicas que han sufrido tanto los estudiantes como las entidades académicas?