El gobierno ecuatoriano propuso el jueves al Congreso una reforma que eleva de 25 a 28 años la pena máxima de cárcel y tipifica nuevos delitos, en una medida contra el creciente sentimiento de inseguridad, informó el ministerio de Justicia.
El nuevo código penal planteado por el presidente Rafael Correa busca adaptar la legislación a las “necesidades actuales de la ciudadanía y es una muestra más del compromiso del gobierno” en la lucha contra el crimen, dijo la ministra de Justicia, Johana Pesántez, al entregar el proyecto.
La iniciativa fija la pena máxima de prisión en 28 años para castigar delitos “muy graves” como asesinato o violación y secuestro con muerte, señaló a la AFP una fuente de la cartera, indicando que también se incluye la acumulación de penas hasta 35 años de cárcel.
Asimismo, el texto incorpora nuevos tipos penales como sicariato, secuestro express, violencia intrafamiliar, mala práctica médica y delitos informáticos y contra el patrimonio, agregó la fuente.
Entretanto, las rebajas de penas aplicarían en principio cuando se haya cumplido un 70% de la condena. Si lo ha hecho “con todos los ejes de la rehabilitación social que nosotros determinamos podría entrar a una fase de prelibertad”, indicó la ministra.
El proyecto plantea además el principio de proporcionalidad para delitos como narcotráfico, lo que permitiría sancionar hasta con 25 años de cárcel a quien se dedique a la producción y tráfico de grandes cantidades de drogas, y con uno a tres años por posesión.
“No puede ser que una persona que haya sido detenida por tres kilos de droga tenga la misma pena que alguien por tres toneladas”, afirmó Pesántez.
La propuesta agrega otras reformas aprobadas el pasado 7 de mayo en un referendo convocado por Correa, como una que apunta a que los presos sin sentencia recobren la libertad mediante argucias jurídicas y la que sanciona a los funcionarios judiciales que actúen con negligencia.
También, las que castigan con cárcel el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación de trabajadores a la seguridad social, así como la prohibición de los casinos, surgidas de la consulta popular.
