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Ecuador: Baltasar Garzón presidirá comisión asesora para reforma de justicia

Baltasar Garzón | Wikimedia (cc)
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El juez español Baltasar Garzón presidirá una comisión internacional que asesorará una reforma de la justicia en Ecuador, informó este martes el gobierno ecuatoriano.

La ministra de Justicia, Johana Pesántez, dijo que el objetivo del grupo es “ayudar en temas técnicos a este proceso a través de la emisión de criterios que no respondan a intereses políticos y sirvan como eje vinculante para ser tomados en cuenta”.

El comité iniciará su labor a finales de noviembre próximo, añadió la ministra, citada por la agencia pública Andes.

La diputada Tania Arias, integrante de una comisión tripartita que coordina la reforma, había anticipado en septiembre que el grupo internacional estaría conformado además por el ex presidente chileno Ricardo Lagos.

Garzón, conocido por haber logrado detener en 1998 en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet, fue suspendido temporalmente de sus funciones el año pasado por ser objeto de varios procesos en España. Actualmente es asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo.

Desde el pasado 26 de julio Ecuador lleva a cabo una reestructuración del sector judicial, aquejado por la acumulación de procesos (1,2 millones) y la falta de infraestructura.

Para ello la comisión tripartita, que incluye delegados del Ejecutivo y del poder Judicial, reemplazará por 18 meses al Consejo de la Judicatura.

El presidente Rafael Correa propuso la reestructuración vía referendo, invocando la necesidad de purgar al sector de “jueces corruptos y negligentes” para combatir la inseguridad.

En la consulta votada el pasado 7 de mayo también se aprobó la modificación del Consejo de la Judicatura, que dirige la selección de jueces y demás funcionarios judiciales, para que incorpore a un representante del Ejecutivo.

El 5 de septiembre Correa declaró en emergencia al sector judicial, según dijo con miras a facilitar la asignación de recursos para la reforma, que demandará unos 600 millones de dólares.

Durante la campaña para el referendo, la oposición acusó al mandatario de querer apoderarse de la justicia y censurar a la prensa. El plebiscito dio vía libre para que el Congreso expida una ley de comunicación y cree un ente que regule los contenidos de la prensa.

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