El ex vicario general pastoral de Santiago, Cristián Precht, se encuentra bajo una investigación canónica y se le suspendió el ejercicio público del sacerdocio.

Personalidades ligadas a la defensa de los derechos humanos no dan crédito a la denuncia.

A fines del mes de agosto pasado una mujer denunció al presbítero ante el arzobispado de Santiago.

Tal como lo dispone el nuevo protocolo de la iglesia, el arzobispo Ricardo Ezzati tuvo que evaluar si los antecedentes eran mínimamente verosímiles.

El prelado decidió entregar la denuncia a un promotor de justicia, quien ya interrogó a las partes, según las fuentes consultadas.

El vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, informó que Precht, de común acuerdo con sus superiores, abandonó sus labores pastorales por ahora.

La abogada Ana María Celis, integrante del consejo jurídico del arzobispado, explicó que sólo en caso que se confirme la veracidad de la denuncia y si la persona era menor de edad en la época de ocurrido los hechos, en los años 80, los antecedentes serían remitidos a la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, la misma que condenó al cura Fernando Karadima.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, recordó que eran muchas jóvenes las que llegaban a colaborar a la Vicaría de la Solidaridad cuando la encabezaba Cristián Precht en los 80.

Aseguró que jamás se hizo una denuncia, pero que los aparatos de seguridad de la Dictadura hacían correr el rumor que tenía un hijo.

Quien era abogado en esa época de la Vicaría, Héctor Salazar, le restó validez a la denuncia, recordando que si en esa fecha la DINA hubiese detectado una mínima veracidad a esta acusación, lo habría expuesto con suma publicidad.

Aunque la investigación canónica no tiene plazo, esta etapa donde el promotor de justicia debe elaborar un pre informe, debería prolongarse por al menos un mes.