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Temuco: En prisión preventiva queda mujer investigada por estafar en una EGIS a más de mil familias

Fiscal Juan Pablo Araya | C. Martínez (RBB)
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Por los delitos de estafa reiterada, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y apropiación indebida, quedó investigada una mujer, representante de una Entidad de Gestión Social, EGIS, que habría afectado en más de 60 millones de pesos a mil 400 familias que esperan acceder a la casa propia.

Mas de dos horas duró la audiencia de formalización de la investigación respecto de Paola Angélica Lefimil Vergara, no solo por la cantidad de hechos que le imputó el Ministerio Público, sino por el incidente promovido por el abogado Raúl Pérez Cofré, defensor de la mujer, quien pidió a la jueza de Garantía, María Teresa Villagrán, que se inhabilitara ya que el
día anterior había rechazado declarar ilegal la detención de su representada y porque había conocido en profundidad el caso.

La jueza tras rechazar esta petición, lo hizo con costas en contra del abogado defensor, cuyo monto deberá regularse posteriormente.

En lo referido a la causa propiamente tal, el fiscal Juan Pablo Araya formuló los cargos a Paola Lefimil.

El abogado defensor penal privado no descartó que la causa, pese a lo que calificó como gran cobertura de los medios de comunicación, termine en un acuerdo reparatorio, aunque aclaró que ello no significa que su representada reconozca los hechos investigados.

La mujer habría perjudicado a mil 400 familias de 11 Comités de Vivienda, por un monto estimado en más de 60 millones de pesos, a lo que se agrega una querella por apropacion indebida de 8 millones de pesos, del Comité de Vivienda Bicentenario y otra acción legal similar por injurias y calumnias graves con publicidad que presentó el notario Héctor Basualto, representado por el abogado Buscaglione.

Paola Lefimil fue derivada bajo la medida cautelar de prisión preventiva al Centro Penitenciario Femenino de Temuco, aunque con la sugerencia del Juzgado de ser trasladada a otro penal, ya que habría sido amenazada mientras esperaba ser formalizada, autorizando la jueza cuatro meses de plazo para el cierre de la causa.

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