El dirigente aymara Rafael Quispe, uno de los líderes de la marcha indígena en Bolivia que va de la Amazonia a La Paz contra la construcción de una carretera, se declaró el miércoles “perseguido político” y anunció que presentará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Me he declarado perseguido político y voy a pedir medidas cautelares a organismos internacionales (…). Haré llegar un memorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se tomen las medidas cautelares”, afirmó el dirigente en conferencia de prensa en La Paz.
Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Qollasuyu (Conamaq), sindicato indígena opositor al presidente Evo Morales, es una de las cabezas de la marcha que rechaza la construcción de una carretera de 300 km con financiamiento brasileño a través de un parque ecológico en el centro del país.
“Se van a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la persecución que está sufriendo el compañero Quispe”, dijo su abogado, Waldo Albarracín, activista por los derechos humanos y ex defensor del Pueblo de Bolivia.
Los nativos también han acudido a la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciando al gobierno boliviano por la construcción de la vía sobre el territorio indígena TIPNIS, rico en flora y fauna y donde habitan varios pueblos indígenas desde tiempos ancestrales.
Hace unas semanas Quispe fue acusado por el gobierno de Morales de sostener contactos telefónicos con la embajada de Estados Unidos, legación que, según La Paz, apoya la protesta de los aborígenes.
El tema de la carretera ha tomado mayor interés desde el pasado 25 de septiembre, cuando los indígenas participantes en la marcha fueron reprimidos y dispersados por la policía en una acción por la cual el gobierno ha recibido numerosas críticas. Los nativos se reorganizaron y siguen su camino a La Paz.
El régimen de Morales defiende la obra, porque, asegura, generará desarrollo regional.
