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Diputados Zalaquett y Chahín piden urgencia a proyecto que protege a los consumidores

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La diputada Mónica Zalaquett (UDI) y el diputado Fuad Chahín (DC) pidieron al Gobierno calificar con urgencia un proyecto de ley que amplía los plazos de seis meses a un año para reclamar cuando un bien o servicio no cumple con las condiciones acordadas al momento de adquirirlo.

Ello ante lo ocurrido con Cencosud, pues la Corte de Apelaciones desechó una demanda colectiva presentada por el alza unilateral de comisiones por haber prescrito el plazo de seis meses, razón por la cual el Sernac llevará el caso a la Corte Suprema, acción que ambos parlamentarios integrantes de la Comisión de Economía respaldaron.

“Esta determinación de los tribunales es una alerta para quienes legislamos y estamos llamados a proteger los derechos de los consumidores. No es posible que las personas comunes y corrientes no cuenten con un plazo razonable para reclamar cuando sufren publicidad engañosa o compran bienes de mala calidad”, indicó la diputada Zalaquett.

“Cuando señalamos que el mercado del retail necesita regulaciones y cuando hemos dicho que los consumidores ya no pueden seguir esperando, estábamos hablando en serio. Varios son los proyectos que están en el Congreso y que solucionan muchos de los vacíos y obstáculos legales que perjudican a las personas a la hora de exigir sus derechos”, dijo Chahín.

Es por esta razón que solicitaron al Ejecutivo apurar el proyecto que amplía el plazo de prescripción de las acciones de seis meses a un año. “Le solicitamos al Gobierno que otorgue suma urgencia a este proyecto de ley que aborda un tema sensible y que el ministro de Economía ha colocado como prioridad de su gestión: la defensa de los consumidores”, manifestó la Parlamentaria.

Asimismo, el diputado Chahín solicitó urgencia a  la indicación presentada por él para definir el tema de la acción civil, “no podemos seguir esperando, los abusos hoy son sinónimo de impunidad y eso no puede continuar”.

Esta iniciativa que ya fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara aumenta a un año el plazo para exigir el cumplimiento de los derechos que tiene un comprador: recibir un bien o servicio de buena calidad, con las características que fueron publicitadas y sin demora.

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