Una empresa española de Murcia (sureste) obligó durante meses a sus empleadas a colgarse al cuello una cartulina roja con la palabra “aseo” para poder ir al baño, entre otros abusos, según una denuncia sindical que está siendo investigada por las autoridades.

Tras recibir quejas de varias empleadas, españolas y extranjeras, el sindicato UGT denunció ante las autoridades a dos centros de la sociedad agroalimentaria El Ciruelo de Murcia, que emplea a un total de 400 mujeres, informaron el miércoles a la AFP fuentes sindicales y laborales.

Entre los presuntos abusos, que sólo afectaban a las mujeres y no a los hombres empleados por la empresa, el más vejatorio era tener que colgarse un cartel en el que podía leerse “aseo” cuando iban al servicio.

La cartulina roja “llevaba un cordón y las trabajadoras debían llevarla en un lugar visible”, explicó a la AFP la responsable sindical Encarna Pérez.

“De hecho no les estaba permitido llevarla en la mano o en el bolsillo, con lo cual si te ponen un cordón y la tienes que llevar visible dónde te la vas a colgar, en el cuello”, explicó.

Avergonzadas por esta “violación de su intimidad”, muchas empleadas “lo que hacían era beber menos líquidos” para no tener que ir al servicio, a pesar del calor y de las largas jornadas de trabajo, precisó.

“Los hombres no estaban obligados a llevar ningún cartel”, subrayó, precisando que esta práctica aplicada desde mayo fue abandonada tras “la primera visita de la inspección de trabajo” en agosto.

José Fuentes, director territorial de la Inspección de Trabajo de Murcia, confirmó a la AFP que “el asunto está ahora mismo investigándose”. Un inspector realizó desde julio varias visitas y entrevistas, precisó, rechazando avanzar conclusiones “hasta que no acabe la investigación”.

Contactada por la AFP, la empresa El Ciruelo rehuyó hablar del tema.

Entre los presuntos abusos denunciados por UGT, figuran también “horarios excesivos de trabajo” que “en uno de los turnos podían llegar hasta 14 o 15 horas diarias, con descansos de sólo media hora”, precisó Pérez.

Cuatro de las trabajadoras, que cobran 5,7 euros brutos por hora, fueron despedidas porque “la empresa sospecha que nos han dado a nosotros las pruebas”, afirmó Pérez.