El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó el martes que su gobierno “dará la batalla” el próximo viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, que examinará la situación de los derechos humanos en la nación sudamericana.

“Hay que dar la batalla, esos son los organismos de Naciones Unidas y aunque allá nos ataquen, hay que ir a dar la batalla”, declaró Chávez durante una llamada telefónica a la televisora oficial VTV, informando a la vez de que su canciller, Nicolás Maduro, estaba al punto de partir hacia Ginebra para representar al país ante el Consejo.

Venezuela se someterá por primera vez al denominado Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tomará en cuenta informes presentados sobre el tema por el Estado venezolano, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones civiles y humanitarias del país.

“Ahí nos atacan, nos atacan por supuesto el imperialismo y sus aliados, pero por cada país que nos ataca salen cien que nos defienden y organizaciones de derechos humanos también”, afirmó el mandatario venezolano, que también se preguntó si ese organismo revisará el comportamiento de Estados Unidos y si realmente “habrá justicia” en el examen.

El informe que elaboró el gobierno defiende los planes promovidos por el presidente para combatir problemas como la inseguridad, un drama cotidiano de los venezolanos.

Según cifras oficiales, en 2010 hubo al menos 14.000 asesinatos en el país, es decir 48 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un récord en el continente.

En Venezuela también se vive una difícil situación en las cárceles, con constantes episodios de violencia y hacinamiento. En julio, el gobierno puso en marcha un plan para descongestionar los penales, que albergan unos 50.000 reclusos pese a que su capacidad es sólo de 14.000, según datos oficiales.

El canciller Maduro encabezará la delegación venezolana en Ginebra, integrada también por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Morales, y la fiscal general, Luisa Ortega, entre otros responsables.