La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, pidió este lunes al Congreso que acelere la aprobación de una reforma a la ley de tránsito, en medio de una oleada de disgusto de la ciudadanía por las exorbitantes multas que establece la legislación actual.

Chinchilla, que se encuentra en su casa convaleciendo de una cirugía de vesícula, se reunió con el ministro de Transporte, Francisco Jiménez, y otros funcionarios de su gobierno para pedirles que adopten medidas para racionalizar la aplicación de la ley.

El clima de inconformidad entre los conductores se acrecentó en las últimas tres semanas con la entrada en funcionamiento de sensores automáticos de velocidad, ubicados en algunas de las carreteras más transitadas.

Los dispositivos produjeron una explosión de partes con multas equivalentes a 600 dólares por violaciones al límite de velocidad, que en el caso de la conducción temeraria (a más de 120 kilómetros por hora) pueden llegar hasta los 800 dólares.

El objetivo del gobierno “es fortalecer y no debilitar la utilización de este mecanismo para el control de las carreteras del país, sobre la base de un sistema de multas racional y que responda a los parámetros socioeconómicos de nuestro país”, apuntó la Presidencia en un comunicado.

“Es por esto que desde el inicio de la presente Administración se sugirieron ajustes a los montos de las multas vigentes en la actualidad”, agregó la nota.

La actual ley de tránsito, calificada por algunos como “draconiana”, fue aprobada a finales del año pasado con la intención de reducir el número y la mortalidad de los accidentes de tránsito, provocados con frecuencia por el exceso de velocidad.

Sin embargo, algunos analistas aseguran que el monto de las sanciones es superior al de países desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra y que en algunos casos resulta expropiatorio.