El informa anual sobre los Derechos Humanos en nuestro país criticó la criminalización de las protestas sociales.

El estudio, elaborado por la Universidad Diego Portales, hizo una evaluación negativa de lo que ha sucedido, principalmente, en las últimas movilizaciones sociales como la de los estudiantes y las ligadas a HidroAysén.

Esto, en vista del abuso policial y de las restricciones que enfrentan ciertos derechos constitucionales como aquellos relacionados con la reunión, la asociación y la libertad de expresión.

Cabe destacar que la exposición, donde se detallaron los puntos del informe, se centró en los proyectos de ley anunciados por el Gobierno, como el que pretende convertir en delito las tomas de colegios y universidades.

En este sentido, los encargados del estudio indicaron que ese tipo de actividades podría radicalizar las demandas sociales.

Finalmente, otro de los temas que también señala el informe es el rol que ha tenido la fuerza policial para reprimir las manifestaciones sociales.