Ante el anuncio de un nuevo proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes participen en saqueos en medio de manifestaciones, el comercio penquista agradeció el gesto del Ejecutivo, aunque recalcaron la diferencia existente entre estudiantes y el lumpen.

Ante la discusión que a nivel político generó el proyecto de ley que desde el Ejecutivo busca endurecer las penas a los delincuentes que ejercen desórdenes graves y atentan contra la propiedad privada; y que además, sanciona a quienes realicen tomas, los comerciantes aplaudieron la medida, pero haciendo diferencias.

Juan Antonio Kelly director de la cámara de comercio penquista aseguró que las pérdidas económicas del sector en Concepción llegaron a 2 mil 400 millones de pesos, sólo el 24 y 25 de agosto.

Kelly valoró los esfuerzos del Gobierno en el sentido de endurecer penas para evitar este escenario que golpea al sector.

Por su parte, los dueños de locales de Plaza Perú, son más cautos; algunos por temor a la reacción de los vándalos, y otros porque tienen un diagnóstico acabado. Aldo Flandes, jefe operaciones de Delikaten, prepara la apertura del octavo local de la marca justo frente a la Pinacoteca. Pero luego de diversos análisis cree que los estudiantes no son el problema.

Gonzalo Fuentealba, dueño del restaurant Chamacos, de la Plaza Perú, también hace la diferencia entre estudiantes y delincuentes.

El restaurant Al Sur, ubicado en Paicaví, de propiedad de Miguel Torres, fuera de la primera línea del enfrentamiento, también se ve afectado, pero por el efecto del actuar de Carabineros.

El proyecto busca “terminar con la puerta giratoria” de la Justicia, dijo el Presidente, en alusión a la legislación actual que permite que delincuentes recuperen rápido su libertad. Una medida que para sectores opositores es reduccionista y sólo vendrá a aumentar la violencia existente en las calles.