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Canadá: Justicia falla mantener abierta clínica que inyecta drogas a adictos

Archivo | Andres Rueda en Flickr
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La Suprema Corte de Canadá ordenó al Ministerio federal de Salud que permita mantener abierta la clínica del gobierno que proporciona droga a adictos en el sórdido barrio Downtown Eastside de Vancouver.

La clínica InSite, situada en uno de los barrios más pobres de Vancouver, es el único lugar donde los adictos pueden recibir supervisión médica para inyectarse la heroína que compran ilegalmente en las calles.

El centro se estableció en septiembre de 2003 en respuesta a una ola de sobredosis de drogas y es operado por una organización sin fines de lucro bajo una exoneración especial de las leyes de tráfico y posesión de estupefacientes.

La decisión del Ministerio federal de Salud en 2008 de no renovar la exoneración llevó a una pelea judicial entre las autoridades federales y los informes médicos que afirman que InSite salva vidas.

La Suprema Corte falló que la provicia de Columbia Británica no puede ofrecer servicios de salud que violen las leyes de droga federales.

No obstante, agregó que la decisión del Ministerio de Salud de negar la exoneración a InSite violaba los derechos de los adictos a la heroína a acceder a servicios de salud y a asesoría en la clínica, “amenazando tanto su salud como sus vidas”.

“El efecto de denegar los servicios de InSite a la población que asiste y el correlativo aumento en el riesgo de muerte y enfermedad a los consumidores de drogas inyectables es extremadamente desproporcionado a cualquier beneficio que Canadá pueda obtener con la presentación de una postura única sobre posesión de narcóticos”, indicaron los magistrados en un fallo unánime.

Por tanto, “se ordena al ministro garantizar una exoneración (de las leyes de estupefacientes) a InSite”, agrega.

La decisión también abre la puerta a la apertura de más clínicas para inyección de drogas en otras ciudades de Canadá que enfrentan un aumento en la adicción.

“Estamos decepcionados con la decisión, pero la cumpliremos”, dijo la ministra federal de Salud, Leona Aglukkaq.

“Creemos que el sistema debería estar enfocado, en primer lugar, en prevenir que la gente se vuelva adicta a las drogas”, señaló en una declaración, y agregó que el gobierno estudiará la decisión de la corte.

Los que apoyan a InSite, entre tanto, aplaudieron el fallo.

“El uso de droga en los adictos es un asunto de salud y no un asunto penal judicial”, señaló la directora ejecutiva de la Asociación de Salud Pública canadiense, Debra Lynkowski.

“Colectivamente, tenemos la responsabilidad de proteger la salud de todos los canadienses, sin importar cuál sea su situación”, agregó.

El legislador del Partido Liberal Justin Trudeau calificó la decisión judicial de “una victoria para la ciencia médica, la Carta de derechos, y el sentido común sobre la ideología de derecha y la politiquería”.

“Es un maravilloso repudio a la ideología de (el primer ministro) Harper”, dijo por su parte el administrador de InSite, Russ Maynard, mientras decenas de personas celebraban la decisión judicial afuera de la clínica.

El presidente de la Asociación Médica de Canadá, John Haggie, entre tanto, comentó: “Mientras para algunos éste es un tema ideológico, para los médicos se trata de la autonomía para tomar decisiones médicas basadas en la evidencia, y la evidencia muestra que la inyección supervisada reduce la expansión de enfermedades infecciosas y la incidencia de la sobredosis y la muerte”.

El objetivo declarado de la clínica, a la que asisten 12.000 personas anualmente en Vancouver, es evitar las sobredosis, ofrecer servicios y asesorar a los adictos sobre centros de desintoxicación.

Se han informado de casi 2.400 sobredosis en la clínica, pero de ninguna muerte.

Los abogados de InSite afirmaron en la corte que más de 50 estudios revelaron que la clínica ha ayudado a reducir la expansión de enfermedades como el VIH y la hepatitis, y a bajar el abuso de drogas.

Ottawa, en tanto, argumentó que la clínica impulsaba la adicción.

El gobierno también sugirió que el presupuesto anual de casi 3 millones de dólares de InSite -pagado por la provincia de Columbia Británica a través de sus autoridades sanitarias- sería mejor utilizado si se gastaba en aumentar los centros de desintoxicación.

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