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Alcaldesa de Caldera se desmarca de ceremonias conmemorativas por tragedia en mina San José

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La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, optó por marginarse de las ceremonias que tendrán lugar el 5 de agosto, día en que se conmemora un año del derrumbe que dejó a 33 mineros atrapados a unos 700 metros de profundidad en la mina San José, en la Región de Atacama.

“Nosotros no vamos a celebrar ni conmemorar algo que para nosotros es una vergüenza de carácter nacional”, señaló a Agencia UPI la jefa comunal.

Para González (PPD), aún no se han resuelto temas fundamentales como la seguridad minera y un verdadero royalty para las regiones que contribuya a implementar planes de contingencia real y a mejorar la seguridad para los trabajadores.

“Nosotros como municipio no vamos a participar porque sentimos que es participar de un show mediático y político que en nada contribuye a demostrar la verdadera realidad del sector minero en este país”, sostuvo la alcaldesa de Caldera al aludir a posibles actos conmemorativos promovidos por el Gobierno.

Para Brunilda González las cosas en cuanto a la seguridad minera no han cambiado mucho en el país desde la tragedia de la mina San José, destacando que “hay una utilización política de un tema que debería ser abordado de otra manera”.

La jefa comunal indicó que cuando estuvimos con la situación de los mineros se aprobó, por ejemplo, una nueva tributación minera que va en absoluto desmedro a las zonas mineras y por eso se han registrado protestas en ciudades como Calama que ven que sus recursos naturales son explotados sin que quede algún beneficio para la zona.

“Con todo el respeto que nos merecen los 33 mineros y todo el sufrimiento que ellos y el país vivieron, nosotros no estamos en condiciones de conmemorar actos de esta naturaleza sin que verdaderamente no reine la justicia desde el punto de vista de la seguridad y también la justicia social para los propios mineros”, explicó González.

Asimismo se mostró de acuerdo con la indemnización por $ 7.750 millones que piden los mineros al Estado por las falencias de seguridad y la falta de fiscalización que habrían causado el derrumbe de la mina.

“Nosotros estamos de acuerdo con que los mineros demanden al Estado porque aquí hay una responsabilidad de funcionarios públicos, que no representan a un gobierno determinado, sino que su labor es hacer que las leyes se cumplan”, afirmó.

La autoridad manifestó que “aquí hubo una actitud absolutamente negligente del Estado de Chile donde hay responsabilidad de dos gobiernos: el gobierno de la presidenta Bachelet con sus funcionarios y de la administración del presidente Piñera con sus funcionarios”.

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