El Congreso de Ecuador rehusó el martes autorizar que el presidente del país, Rafael Correa, sea procesado penalmente por injuria como pretendía un dirigente cívico, que asegura que el mandatario lo acusó de ser un “traficante de tierras”.
La solicitud para enjuiciar a Correa fue hecha por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el marco de una demanda planteada por Edgar Coral, un líder barrial de Quito que exige dos años de cárcel para el mandatario y una indemnización de 10 millones de dólares.
El pedido de la CNJ fue archivado al no lograr los 83 votos necesarios para autorizar el juicio, que fue respaldado por 44 asambleístas opositores.
Según Coral el pasado 29 de enero, durante su informe semanal de labores, el gobernante socialista lo sindicó de un manejo fraudulento de terrenos en una población cercana a la capital ecuatoriana.
“Me dicen que el traficante de tierras en Pisulí se llamaba o se llama Edgar Coral, nunca más estos tipos por aquí, no les dejen ni entrar”, afirmó Correa en esa ocasión.
La decisión de la Asamblea Nacional (Legislativo) se produjo luego de que el pasado miércoles un juez condenó a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares a tres directivos y un ex editor de opinión del diario El Universo, en una querella por injuria interpuesta por el presidente Correa.
La sentencia fue apelada por ambas partes.
Correa planteó la demanda a raíz de un artículo en el que el ex editor Emilio Palacio le advirtió que una corte internacional podría juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, al supuestamente haber ordenado abrir fuego contra un hospital durante una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010.
