Miles de trabajadores en huelga del Seguro Social de Costa Rica marcharon este jueves para exigir al gobierno de Laura Chinchilla que pague una millonaria deuda a la institución, que enfrenta una crisis financiera insostenible, y les conceda algunos beneficios laborales.
Los manifestantes, en huelga indefinida desde el martes, recorrieron pacíficamente una de las principales avenidas de San José y gritaron consignas frente al ministerio de Hacienda y a la sede central de la Caja Costarricense del Seguro Social, hasta llegar al Congreso.
“Que se vaya, que se vaya”, corearon los manifestantes frente al ministerio, en alusión a su titular, Fernando Herrero, mientras eran vigilados de cerca por unos cuantos policías.
La huelga afecta los servicios de 29 hospitales y varias decenas de consultorios de todo el país, además de oficinas administrativas, pero el gobierno ha minimizado el nivel de acatamiento.
El Seguro Social, símbolo del Estado de bienestar y orgullo del país durante siete décadas, enfrenta una crisis financiera “insostenible”, según admitió la semana pasada el gobierno, lo que provocó este miércoles la primera renuncia de un alto funcionario, Eduardo Doryan, jefe de la institución en el gobierno de Oscar Arias (2006-2010).
La suerte de Doryan fue sellada por un informe de una comisión técnica de la Organización Panamericana de la Salud, que destacó que durante su gestión los gastos de la Caja se dispararon, entre otras razones, por el exorbitante incremento de la planilla, por reajustes salariales y contratación de personal: 11.000 nuevos empleados en cuatro años.
Doryan era presidente de la empresa pública de electricidad y telecomunicaciones, cargo al que renunció para defenderse de los cuestionamientos a su gestión en el Seguro Social.
En la marcha, el ex diputado izquierdista José Merino instó a los huelguistas a mantenerse firmes en su defensa de la Caja, que maneja la salud pública y los fondos de jubilaciones.
“Esta es una lucha en defensa de la seguridad social y de la arquitectura de un Estado Social que ha sido destruido por las mafias neoliberales que han gobernado y pretenden negociar con la medicina privada”, afirmó Merino, del minoritario Frente Amplio.
Delante del edificio de la Caja, los manifestantes pidieron la salida de Ileana Balmaceda, presidenta de la institución, quien ha dicho que el apoyo a la huelga es mínimo.
La dirigente sindical Marta Rodríguez dijo a la AFP que la marcha pretendió enviar un mensaje al gobierno de que la protesta es masiva.
“Los trabajadores de la Caja vamos a defender esta institución. Estamos muy satisfechos con el apoyo y exigimos que el Estado pague la millonaria deuda”, subrayó Rodríguez, quien estimó en unos 6.000 a los participantes en la marcha.
La Caja tiene 48.000 funcionarios, que reclaman también que el subsidio por licencias de salud les cubra todo el salario, y no una parte.
Rafael León, del sindicato de enfermeros, dijo que la defensa de la Caja es prioritaria porque “es el último gramo de oro que le queda a este país”, donde han sido privatizados servicios de telecomunicaciones y seguros, que eran monopolio del Estado.
