La audiencia para que la Fiscalía de Colombia impute por un caso de corrupción a Andrés Felipe Arias, quien fue ministro de Agricultura del ex presidente Alvaro Uribe, se suspendió hasta este viernes a solicitud de la defensa, informaron fuentes judiciales.

Arias debe ser imputado por la Fiscalía por delitos de peculado en el manejo de un programa de subsidios para campesinos, cuyos fondos fueron desviados y entregados a ricos terratenientes, según las primeras declaraciones de la fiscal Viviane Morales en la audiencia que comenzó la tarde de este martes.

La audiencia fue suspendida al anochecer y se reanudará el viernes en la mañana, en atención a una solicitud de la defensa, que demandó más tiempo para responder los señalamientos.

Según la fiscal, Arias sería autor de dos delitos de peculado en favor de terceros.

En concreto, la Fiscalía aseveró que el programa de subsidios Agro Ingreso Seguro fue usado por el ex ministro para promover su imagen de cara a su posterior aspiración presidencial, y benefició a personas que contribuyeron con su pre campaña electoral.

“Es un hecho conocido que Arias renunció (al ministerio) en febrero de 2009 para ser precandidato. Se puede inferir que utilizó el programa como plataforma política para la campaña presidencial”, dijo Morales en la audiencia.

El pasado martes, la Procuraduría (justicia administrativa) sancionó a Arias con una inhabilitación por 16 años para ejercer cargos públicos, debido al mismo caso.

Esa es la sanción más severa impuesta hasta ahora a algún alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Arias, considerado uno de los hombres más cercanos y leales a Uribe, intentó sin éxito en 2010 ser el candidato del Partido Conservador a las elecciones presidenciales, que ganó el actual mandatario Juan Manuel Santos.

Santos también se desempeñó como ministro de Uribe, en la cartera de Defensa, entre 2006 y 2009.

Al asumir la Presidencia, en agosto de 2010, Santos nombró a Arias como su embajador en Roma, en reemplazo de Sabas Pretelt, quien era requerido en ese momento por la justicia colombiana en una investigación por la entrega de dádivas oficiales a congresistas a cambio de apoyo a la reelección de Uribe.

Pero ante la polémica que generó su designación como embajador, el ex ministro de Agricultura declinó el ofrecimiento y anunció que permanecería en Colombia para atender los pedidos de la justicia.