El director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, criticó este miércoles el proyecto de ley del Ejecutivo sobre Sernac Financiero, ya que a su juicio la iniciativa legal no establece la creación de un servicio público especializado en el mercado financiero, sino que sólo aumenta la planta de funcionaros del Servicio Nacional del Consumidor.
Luego que saliera a la luz pública la polémica de la multitienda La Polar, tras admitir que realizaba repactaciones unilaterales afectando a más de 418 mil clientes, el Gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto de Sernac Financiero, el cual será analizado hoy en la Comisión de Economía del Senado. El nuevo ministro de Economía, Pablo Longueira, aseguró esta mañana que espera que el texto legal sea despachado durante esta jornada por la instancia legislativa.
Fabres explicó que el objetivo de este “rimbombante proyecto” es fortalecer la prueba en juicio, es decir, “un cliente que es afectado por una infracción puede recurrir a un funcionario del Sernac para que acredite la infracción y eso va a servir de medio de prueba en el juicio. El cliente igual tiene que ir a juicio y soportar años de tramitación para resolver su problema”.
La iniciativa legal considera la creación del denominado “sello Sernac” a las instituciones financieras, el cual para obtenerlo se requerirá que éstas acrediten sus principales productos.
Según el abogado, el “sello Sernac” es algo “terrorífico” para los consumidores, ya que según precisó “va a construir en la práctica una nueva barrera para el cliente que sufre una infracción a sus derechos”.
Esto debido a que cuando el Sernac otorgue su sello a una institución financiera “ese contrato va a tener una presunción de legalidad, lo que importa en la práctica sustituir funciones que son propias de los tribunales de justicia”.
“El cliente abusado en vez de tener un problema va a tener dos. Tendrá que demostrar que el Estado se equivocó al calificar la legalidad de una determinada cláusula de un contrato, o sea, va a tener que pelear con el Estado y además contra la compañía”, detalló el jurista.
El director de la Fundación Chile Ciudadano aseguró que en los países desarrollados los encargados de otorgar estos sellos de legalidad a los contratos de las instituciones financieras son las organizaciones de consumidores, “porque son éstos los que conocen verdaderamente los efectos de las cláusulas y las aplicaciones que se hacen”.
Según Fabres si el proyecto se observa en su estructura general, se llega a la conclusión que “nuevamente se prescinde de las organizaciones de ciudadanos y aumenta el poder e intromisión del Estado en un tema tan sensible como éste, causando un nuevo gravamen al consumidor”.
