Contraloría detectó irregularidades en la entrega de más de 60 viviendas post terremoto por parte del FOSIS en la región del Bío-Bío. En la institución aseguran que los problemas están radicados en las nóminas de beneficiados que suministran los municipios.
La Contraloría realizó una fiscalización en tres regiones, entre ellas la del Bío-Bío. En total fueron 900 las viviendas entregadas por medio del FOSIS a las personas damnificadas tras el terremoto del año pasado y que tuvo un costo de 454 millones de pesos.
La muestra de la fiscalización fue de 125 beneficiarios desde Talcahuano hasta Lebu, entre otras. Precisamente en la capital de la provincia de Arauco, el órgano contralor detectó 32 vivendas de emergencia en la población 27 de febrero, donde las familias habitaban otras casas, entregadas por otros planes de emergencia.
A esto se suman 31 casos de familias de distintas comunas donde los fiscalizadores encontraron las viviendas de emergencia deshabitadas, o no pudieron tener acceso a ellas. También existe un listado de cinco familias cuyas direcciones no fueron ubicadas, por lo que no hay antecedentes de adonde se enviaron las casas.
Desde FOSIS señalaron a Contraloría a través de un oficio que los beneficios fueron entregados en base listados suministrados por los municipios. En tanto las conclusiones del informe llaman a la institución a corregir las irregularidades, recopilando los certificados de entrega de las viviendas de emergencia.
