Durante una década Santiago Varela se volvió un experto en mantenimiento de máquinas tragamonedas, pero esta competencia de poco le servirá cuando los casinos cierren sus puertas en Ecuador, donde un referendo prohibió su operación.
Este técnico electrónico de 30 años trabaja desde hace diez en el casino de un hotel del norte de Quito, donde programa y repara las máquinas, autoriza pagos a los clientes y anima eventos especiales, con lo que redondea un ingreso mensual de 800 dólares.
“La electrónica se renueva todo el tiempo. He tenido cursos de actualización de máquinas, pero eso me sirve sólo para los casinos, no puedo aplicarlo en otro lugar”, afirmó Varela con preocupación a la AFP.
Otras 179 personas trabajan con él en este establecimiento, proscrito tras la consulta popular del 7 de mayo por iniciativa del presidente Rafael Correa, que asegura que las salas de juego deterioran moralmente a la sociedad, generan deudas ilegales, evaden impuestos y son usadas para lavar dinero.
Los resultados del plebiscito, que además incluía reformas a la justicia y regulaciones a la prensa, serán proclamados por la corte electoral el lunes al terminar de resolver varias impugnaciones, con lo que empezará el proceso de liquidación de casinos.
Unas 3.200 personas trabajan en los 32 establecimientos constituidos legalmente en Ecuador, donde la ley autoriza su funcionamiento sólo en hoteles cinco estrellas, dijo a la AFP el vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi), Jorge Castro.
El directivo y también gerente del local donde trabaja Varela sostiene que la medida afectará a otras 22.000 personas vinculadas a la actividad como proveedores. A las que se suman los empleados de un centenar de clubes ilegales.
Frente a ello, Ascabi propuso al gobierno concederle hasta cinco años de gracia para recuperar inversiones que calcula en unos 180 millones de dólares -realizadas mayoritariamente por firmas extranjeras- o el pago de una indemnización que debería “traer a valor presente” ese monto.
Aún no ha habido una respuesta, según Castro, quien no descarta acciones para demostrar que fue ilegal que la Corte Constitucional cambiara la pregunta sobre los casinos, dándole alcance nacional y no por jurisdicciones como propuso inicialmente el gobierno socialista.
Según Ascabi, sus socios pagan entre 13 y 15 millones de dólares al año en impuestos, el equivalente a 30% de sus ingresos.
Y así como los empresarios barajan salidas, Varela ha empezado a buscar un nuevo empleo, pero los resultados no son alentadores.
“Me ofrecen 400 dólares, pero en la educación de mi hija gasto 200 y 160 en arriendo (alquiler). No me alcanzaría”, contó el técnico, incrédulo frente a la promesa de Correa de que no abandonará a los afectados. “La realidad es que no se han creado nuevas plazas de trabajo”, dijo.
El gobierno discute medidas para enfrentar el problema, y de momento anunció un plan que prevé capacitación, reubicación laboral y créditos para actividades productivas.
“No creo en eso, se han escuchado algunas opciones, pero nada concreto”, opinó Andrea Cabezas, de 21 años, cajera y compañera de trabajo de Varela que gana 350 dólares con los cuales financia sus estudios superiores y mantiene a una hija.
Lo que sí tienen garantizado estos trabajadores es la solidaridad de los clientes, a quienes les preocupa su futuro incluso más que quedarse sin dónde darle rienda suelta al azar.
“Me quedaré en mi casa, pero no estoy de acuerdo con que cierren. ¿Qué va a ser de toda esta gente que se queda sin trabajo sólo porque al presidente no le gusta el juego?”, se preguntó una sexagenaria que acude a diario al casino.
“No tengo nada contra Correa, lo respeto, es mi presidente, está haciendo cosas muy buenas, pero es más importante que se preocupe por la gente que va a quedarse sin empleo y por la que viene aquí para llevar algo a su casa”, señaló a su vez Teresa Medranda, una vendedora de cosméticos de 50 años.
