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Oficialismo guatemalteco busca apelar para que Torres pueda ser candidata

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El oficialismo guatemalteco se aprestaba este jueves a una serie de batallas jurídicas luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó por fraudulenta la candidatura presidencial de la ex primera dama Sandra Torres, dejandolo sin postulante a 70 días de los comicios.

El rechazo a la candidatura de Torres “invoca un fraude de ley”, reconoció el fiscal partidario de la gobernante Unidad Nacional por la Esperanza (UNE, socialdemócrata), César Fajardo, la noche del miércoles.

Torres se divorció del actual presidente, Álvaro Colom, para superar una norma constitucional que le impedía postularse.

La Constitución -que tampoco permite la reelección- prohíbe a los familiares directos de un presidente ser candidatos a la sucesión, lo que llevó a Torres a divorciarse en abril en simultáneo con el lanzamiento de su postulación, todo sin dejar de repetir que amaba a Colom.

“La noticia (del rechazo de la candidatura) nos tomó por sorpresa y el Comité Ejecutivo deberá apelar el fallo”, anticipó el diputado oficialista, Christian Boussinot, uno de los principales apoyos de Torres.

El oficialismo “puede apelar ante el Tribunal Supremo Electoral en un plazo de tres días”, explicó el ex presidente de ese organismo, Mario Guerra Roldán. En caso de que el fallo se mantenga, se puede ir “en primera instancia ante la Corte Suprema y en último caso ante la Corte de Constitucionalidad”, agregó.

Apelaciones de este tipo fueron ganadas ya en el pasado, por ejemplo en 2003, cuando el TSE negó la inscripción de la candidatura del general Efrain Rios Montt, dictador entre 1982 y 1983, y luego de varias instancias, su postulacion fue aceptada por la Corte Constitucional.

“Esta es una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Estamos en pie y dispuestos a seguir luchando”, advirtió el secretario general de la UNE, Jairo Flores, en conferencia de prensa.

“No nos sorprende esta situación” dijo Flores en referencia al rechazo de la inscripción, “pues todos hemos conocido de las presiones de que ha sido objeto el TSE con el fin de sesgar sus decisiones e impedir que nuestra candidata participe”.

Otra es la visión, sin embargo, de algunos funcionarios del TSE, que acusaron de las presiones precisamente al oficialismo y al propio Flores, que encabezó un grupo de dirigentes y abogados que irrumpieron en el edificio para exigir que se acelerara la inscripción de la ex primera dama.

“Me sentí presionado. Prácticamente nos tuvieron retenidos por cuatro horas”, relató Francisco García, uno de los funcionarios de alto rango en el TSE, al diario Prensa Libre.

Entretanto, la agrupación liderada por el presidente Alvaro Colom está en una encrucijada: está sin candidato, carece de una opción de recambio, y cada encuesta sucesiva da mayor margen de ventaja a la oposición de derecha.

La última, conocida el miércoles horas antes de la impugnación, daba al al general derechista Otto Pérez Molina –quien ha sido acusado de violaciones a los DDHH– 27 puntos de ventaja sobre Sandra Torres.

“No contamos con un ‘plan b’. A la candidatura del oficialismo se le ha tenido un poco de temor por parte de las demás agrupaciones políticas”, reconoció el diputado oficialista Boussinot.

Torres había lanzado su candidatura el 8 de marzo en una jornada de movilizaciones, calificadas por sectores oficialistas como “espontáneas”, en las cuales militantes encuadrados por dirigentes y alcaldes salieron a las calles a pedirle que fuera candidata.

Considerada una mujer de carácter fuerte, llegó a la carrera presidencial luego de manejar durante años los planes de asistencia social del gobierno de su esposo, algo clave en un país donde más de la mitad de sus 14 millones de habitantes son pobres.

“No soy ni la primera ni la última mujer que se divorcia en este país, pero sí la primera que se divorcia por Guatemala”, dijo en su momento Torres, de 52 años, master en políticas públicas y considerada el poder detras del trono.

Más de siete millones de guatemaltecos están llamados a elegir el 11 de septiembre al nuevo presidente, así como a 158 diputados, 333 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

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