Un grupo de diputados de oposición pidió la renuncia al ministro de Educación, Joaquín Lavín, acusándolo de ser “ciego y sordo”, y de tener este jueves “paralizado el país”, careciendo de “la visión” y “capacidad para instaurar un diálogo con los actores educacionales sobre la reforma estructural que requiere en forma urgente nuestro sistema” de enseñanza.
“Se lo venimos planteando desde marzo de 2010 en forma seria y fundada. Si está atado por conflictos de interés o no tiene la decisión y el coraje para hacerlo, debe renunciar”, afirmaron los parlamentarios Rodrigo González, Cristina Girardi, María Antonieta Saa y Enrique Accorsi (PPD); Alfonso De Urresti y Juan Luis Castro (PS); Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez (PC); Gabriel Silber (DC); Alberto Robles y Fernando Meza (PRSD); además de Sergio Aguiló (IND).
En un comunicado, los legisladores agregaron que “después de la movilización de hoy, en la que han confluido más de 30 organizaciones sociales, las principales del país, lo único que cabe al Congreso será plantear una interpelación contra el ministro y pedirle la renuncia por haber precipitado el caos con su pertinaz porfía a conformar una comisión amplia y resolutiva con participación de los rectores, la Confech, el Colegio de profesores, la ACHM y los actores educacionales relevantes, para encontrar soluciones a la crisis en que se encuentra la educación pública y el sistema de educación superior”.
Además, se dirigieron al Presidente Sebastián Piñera enfatizando que “no puede evadir este conflicto en el sur del país”, y llamándolo a escuchar “el clamor ciudadano” y a constituir “con la urgencia que la situación amerita, una instancia pública con plenos poderes para realizar la mayor transformación educacional que el país conozca, y que enfrente radicalmente los graves problemas denunciados insistentemente desde todos los ámbitos ciudadanos”.
“La responsabilidad de prolongar la creciente situación de ingobernabilidad en que se encuentra el país por la incapacidad de las autoridades públicas de ponerle coto a los abusos de los grandes poderes, por la desprotección en que se encuentran los ciudadanos y por las crecientes movilizaciones sociales para defender el patrimonio natural, la participación ciudadana, reformas políticas y un sistema educacional justo, equitativo e incluyente cimentado en una educación pública que asegure acceso e iguales oportunidades a todos los ciudadanos, garantizando constitucionalmente el derecho a la educación, será exclusivamente de su gobierno”, añadieron.
