Las autoridades judiciales de Guatemala ultimaban detalles este martes para la aplicación de una nueva ley que permitirá al Estado incautarse bienes confiscados por actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos comunes, aprobada en diciembre anterior.
La nueva Ley de Extinción de Dominio (LED) identificará, localizará e inscribirá a favor del Estado los bienes muebles e inmuebles confiscados por actividades ilícitas y entrará en vigor este miércoles.
Según el secretario de Política Criminal del Ministerio Público (Fiscalía), Alejandro Rodríguez, la normativa aplicará a delitos que van desde corrupción, crimen organizado -como secuestros, extorsiones, narcotráfico- hasta los delitos comunes, como la estafa.
Pese a su entrada en vigor, aún falta por nombrar el Secretario y Subsecretario del Consejo Nacional de Administración de Bienes, que velarán por la aprobación y publicación del reglamento de la normativa.
El diputado opositor Mariano Rayo, que impulsó la iniciativa, dijo que existe un borrador final del reglamento que será publicado en menos de tres meses.
A pesar del apoyo de diferentes sectores del país, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) advirtieron con impugnarla por “inconstitucional”.
“La inconstitucionalidad va dirigida en cuanto a la participación del MP (Fiscalía) y la cuestión de la carga de la prueba, que cuando la persona no haya sido sentenciada en proceso penal sus bienes ya están confiscados”, argumentó Fredy Cabrera, presidente del Cang.
Alejandro Balsells, quien preside el Cedecon, aludió a supuestos atropellos “que se dan en el tema de la presunción de inocencia, el destino de los bienes y fondos y, sobre todo, las medidas precautorias que ordene el MP”.
Guatemala se ha visto golpeada en los últimos años por la penetración del crimen organizado, en especial el narcotráfico, al que las autoridades responsabilizan del 70% de violencia que afecta al país.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha respaldado la nueva ley, similar a la que ya existe en países como Colombia, México, Perú y Ecuador.
