La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) presentó este martes un recurso de protección en contra del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, por la decisión del gobierno de trasladar reos desde la ex Penitenciaria -como parte del plan de descongestión del antiguo penal capitalino- hacia otras cárceles.

Según denunció el presidente de la entidad, Pedro Hernández, se reubicaron más de 500 reos hasta los penales de Colina 1 y Colina 2, donde se crearon nuevas plazas. Sin embargo, el inmueble se quedó con la misma cantidad de efectivos lo cual, dicen, representa un peligro para la integridad física de los vigilantes.

“Se ha visto alterada la capacidad en más de 500 internos con el mismo personal, lo que pone en riesgo la seguridad de los funcionarios y reos. No queremos que vuelvan a encarcelar a gendarmes cuando ocurran episodios como los de la cárcel de San Miguel”, reclamó el dirigente en el Palacio de los Tribunales.

En ese marco, el representante aseguró que existe un déficit de un 50% de centinelas. “No se puede desvestir un santo para vestir a otro”, afirmó.

El abogado Nicolás Pavez, quien presentó el libelo, aseveró que en el escrito que fue ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago con una orden de no innovar, se ha solicitado que no ingresen nuevos internos “para poder garantizar la seguridad física de los funcionarios de Gendarmería. Se dan situaciones impresentables como torres donde hay 240 internos y sólo dos gendarmes cuidándolos”.