El diputado Enrique Van Rysselberghe reiteró el llamado al Gobierno para concretar las demoliciones y presentar un decreto de ley presidencial para condonar la totalidad de las deudas que contraerán los propietarios de departamentos.
Se superó el año post terremoto y conforme a eso avanzan los meses y ningún ladrillo se ha removido desde los edificios colapsados de Concepción, porque el proceso legal para el Gobierno está entrampado en la firma del desistimiento de cada propietario, que posterior a la demolición, debe renunciar a su derecho de demandar al Estado por el colapso de su estructura.
Quien asegura que el proceso es más fácil y se ajusta a la ley, es el diputado Enrique Van Rysselberghe, que califica de “inexplicable” la postura del Gobierno, que luego de asegurar los recursos para demoler, no debiera requerirse de este bullado desistimiento.
Así apela al artículo 153 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que obliga al municipio correspondiente a decretar la demolición:
Van Rysselberghe calcula que el Gobierno debiera condonar 4 mil millones de pesos a los propietarios. Aunque niega que falte voluntad política, sí reconoce trabas gubernamentales.
El parlamentario manifestó además que el Gobierno se debiera preocupar más allá de las demandas contra el Estado que podrían interponer los vecinos posterior a la demolición, de los juicios que podrían iniciarse si es que una de las estructuras colapsadas provoca un accidente fatal.
