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Tensión en prisión venezolana donde aumentó a 29 número de muertos

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Varios centenares de presos de la cárcel venezolana de El Rodeo seguían atrincherados este jueves dentro del penal, de donde fueron retirados cuatro cadáveres de internos, fruto de los enfrentamientos de los últimos días, que dejaron al menos 29 muertos.

“Cuatro cadáveres fueron retirados de las instalaciones”, informó el canal de televisión oficial VTV.

El 12 de junio, una reyerta entre presos provocó la muerte de 22 personas y motivó, días después, una intervención militar para recuperar el control de esta prisión, situada a 40 km de Caracas. En los enfrentamientos entre fuerzas del orden y presos, murieron dos guardias nacionales y al menos cinco presos, contando los cadáveres recuperados este jueves.

Además, unos 2.500 presos de El Rodeo, sobre un total de 4.700 han sido trasladados a otras cárceles de forma temporal.

Este jueves, varios familiares y pastores evangélicos lograron entrar en la prisión, donde siguen atrincherados cerca de 1.000 presos, para dialogar con ellos y convencerles de que depongan las armas.

El miércoles en la noche, el ministro del Interior, Tareck El Aissami, confió en que en las próximas horas los presos amotinados dejen las armas y se entreguen.

Este está siendo el incidente más cruento registrado en una cárcel venezolana en la última década.

El sistema penitenciario venezolano sufre severos problemas de hacinamiento y violencia. Según cifras oficiales, los penales del país albergan a cerca de 50.000 internos cuando la capacidad no supera los 14.000.

Además, en el primer trimestre de este año han muerto 121 presos, según organizaciones no gubernamentales.

Este jueves, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) subrayó en una nota de prensa que este estallido de violencia en El Rodeo muestra “las terribles condiciones de reclusión” en Venezuela y los errores de las autoridades.

El gobierno venezolano “debe abrir de inmediato una investigación independiente sobre los fallos cometidos en El Rodeo, que establezca responsabilidades por el elevado nivel de armas en el interior de la cárcel, y garantizar que incidentes semejantes no se repiten en el futuro”, pidió Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de AI.

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