Molestos por el nulo respaldo otorgado por las autoridades locales, se encuentran los propietarios de departamentos que colapsaron tras el terremoto en los edificios penquistas, y que a 15 meses de la catástrofe aún están sin demoler.

Esto porque el Ejecutivo aún no encuentra el procedimiento legal para que al demoler las estructuras los afectados no procedan a demandar al Estado por la pérdida de su bien raíz; para eso se requiere la renuncia a esa posibilidad en un texto llamado “desistimiento”.

Y ese oficio es el que el Gobierno dice que falta y busca recopilar en todas la comunidades de edificios.

Carolina Carrasco vocera de la comunidad Centro Mayor, manifestó su malestar porque asegura que las autoridades locales culpan a los vecinos de no querer firmar el “desistimiento”, sin emargo ese papel recién por estos días, está siendo solicitado a los propietarios.

Frank Sauerbaum, diputado RN que gestionó la creación de una comisión que desde el ministerio del Interior trabaja con los afectados, manifestó que en la zona pocos son los que han prestado su respaldo a los damnificados por el colapso de sus edificios.

No sólo en esta renuncia a demandar al Estado radica el problema; sino también en la reparación económica que piden los damnificados, los juicios que contraerán contra sus inmobiliarias, y los peritajes que piden al MOP para conocer la verdadera causa de la caída o colapso de cada estructura.