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Cónsul de Honduras destituida apunta a presiones de autoridades mexicanas

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La cónsul de Honduras en el estado de Chiapas (sur de México), Patricia Villamil, afirmó este sábado a la AFP que su destitución se debe a presiones de autoridades locales inconformes con su trabajo en defensa de los inmigrantes, elogiado por las ONG.

El canciller de Honduras, Mario Canahuati, anunció este sábado la remoción de Villamil para protegerla de las amenazas que habría sufrido de parte del cártel narcotraficante Los Zetas.

Villamil replicó que “si un funcionario está haciendo una labor como la mía no se le debe despedir sino brindarle seguridad, y no fue así. La gran pregunta es cuál es el trasfondo de la decisión, y son las presiones del gobierno de Chiapas”.

“Me alegro que el canciller, a quien admiro, se preocupe por mi vida, pero no podemos atemorizarnos por cada funcionario que sea amenazado”, afirmó la dip0lomática vía telefónica desde Tapachula, ciudad de Chiapas fronteriza con Guatemala.

ONG mexicanas de defensa de los migrantes han reconocido el trabajo de Villamil y también creen que detrás del cese hay presiones del gobierno estadual.

“La cónsul fue una piedra en el zapato tanto para el crimen organizado, que explota sexualmente a jovencitas centroamericanas, como para los funcionarios públicos que a toda costa tratan de maquillar la realidad”, dijo a la AFP el activista mexicano Rubén Figueroa.

Villamil reiteró que su intención era continuar trabajando en el consulado.

“Para mí no eran amenazas sino intimidaciones para frenar el trabajo que realizo. No creo que fueran ‘Zetas’. Ellos no amenazan, actúan”, señaló.

Desde su llegada en noviembre al consulado en Tapachula, Villamil ha denunciado públicamente la explotación sexual de centroamericanas indocumentadas, muchas de ellas menores, en decenas de bares y prostíbulos de la frontera sur mexicana.

También presentó ante las autoridades a víctimas de redes de tratantes que engañan a adolescentes de entre 14 y 17 años en sus comunidades en Honduras para forzarlas a prostituirse en Chiapas.

El gobierno del estado niega que existan esas redes, asegura que la trata de personas en la zona es puntual y defiende su labor de protección a los inmigrantes.

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