El diputado Enrique Van Rysselberghe (UDI) solicitó oficiar al ministerio del Interior para que se otorguen a la brevedad los fondos necesarios para ejecutar las demoliciones de los edificios colapsados tras el terremoto del 27/F.
“No debemos, ni podemos esperar que algún otro lamentable hecho de la naturaleza, genere una tragedia que signifique pérdidas de vidas humanas, cuestión completamente evitable hasta ahora”, dijo el parlamentario.
Además, el diputado del gremialismo sostuvo que “el Gobierno central posee los recursos para demoler las edificaciones dañadas, pero de manera incomprensible ha optado por retrasar una decisión impostergable”.
Van Rysselberghe dijo que se debe oficiar al ministerio del Interior para que disponga los recursos y demoler los edificios grado uno, con daño estructural irreparable.
El legislador declaró que “cumpliendo con todas las exigencias y plazos legales los decretos de demolición están firmes. Ningún tribunal ha dictado resolución que suspenda alguna de las demoliciones que debieron concretarse hace meses, sin embargo, los municipios no han podido efectuar las demoliciones por no contar con los recursos económicos”.
El diputado por el distrito 44, dijo que el ministerio del Interior posee, desde hace meses una provisión de fondos públicos para que se efectúen las demoliciones, “en consideración a que ellas son imprescindibles para que la ciudad vuelva a la normalidad y se eviten los eventuales daños que estas edificaciones puedan ocasionar a las personas o propiedades públicas y privadas. No obstante, el Ministerio del Interior no ha entregado a los municipios los recursos necesarios para que se concreten las demoliciones, pues la autoridad política le está dando una vuelta más al tornillo, al auto exigirse la autorización de todos los propietarios de las edificaciones para demoler”.
Van Rysselberghe aclaró que la autorización requerida es innecesaria, “pues ya están cumplidos todos los plazos legales para que estas demoliciones se efectúen (…) una vez más una medida de la autoridad central está retrasando el proceso de reconstrucción y la vuelta a la normalidad que la Región del Biobío tanto necesita. Y nuevamente una errada decisión política impide que se ejecute una medida técnica y jurídicamente respaldada que es impostergable”.
