Nueva modalidad jurídica pretende acortar plazos para concretar demoliciones de edificios en Concepción. Se trata de asambleas donde la mayoría de los vecinos podrá renunciar a la posibilidad de demandar al Estado por el colapso de las estructuras.
Esto dará paso al mandato de demolición y también al pago de las mismas comprometido desde el ministerio del Interior.
A esta posibilidad jurídica para acelerar el “desistimiento”, se sumará la posibilidad de mandatar a un tercero y firmar en una notaría de todo el país el documento, que debiera recolectar el Gobierno dentro de dos meses como máximo.
Alejandro Reyes, Gobernador de Concepción, manifestó que esto no tiene como propósito ponerle trabas a los propietarios, sino sólo proteger los recursos fiscales.
El primer edificio en iniciar su remoción de escombros será el emblemático Alto Río, para el cual también se espera que Contraloría en un par de semanas apruebe la gestión administrativa.
Luego la Torre Ohiggins, Libertad y Alto Arauco II, todos estabilizados y para los cuales sólo resta el mandato desde el ministerio del Interior, que será enviado a Concepción posterior a la recopilación del “desistimiento” de los propietarios. En ese momento el MOP actuará como unidad ejecutora.
